Mientras la necesaria "justicia, reparación y compensación a las víctimas" avanza a trompicones, AI denuncia la utilización oficial de imprecisas leyes sobre "ideología genocida" y "sectarismo" para suprimir la disidencia política

Centro para la Memoria, Kigali 2007. autor Fanny Schertzer

Centro para la Memoria, Kigali 2007. autor Fanny Schertzer

Ruanda mira al futuro, pero siente todavía el terrible ‘peso’ del genocidio de 1994, cuando en apenas 100 días de terror fueron asesinadas hasta 800.000 personas –la mayoría tutsis, pero también hutus moderados que se opusieron a esos crímenes organizados– y entre 250.000 y 500.000 mujeres fueron violadas. Y aunque ha habido avances políticos y judiciales, como la abolición de la pena de muerte en 2007 o las condenas a cadena perpetua dictadas en 2008 por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) contra un exalto cargo de Defensa y dos excomandantes militares, persisten serios motivos de preocupación ante algunas leyes impulsadas por el Gobierno del Frente Patriótico Ruandés (FPR) que criminalizan la crítica opositora y atentan contra las libertades de expresión y prensa.

AI Irlanda y activistas de las comunidades ruandesa y burundeses frente al ministerio de asuntos exteriores de Irlanda en el 10º aniversario de la matanza de Ruanda, solicitando apoyo político y económico para los programas de apoyo a las víctimas de violencia sexual de Ruanda, con VIH/SIDA. 7 de abril de 2004 (c) AI

Amnistía Internacional no ha dejado de pedir al Gobierno ruandés y a la comunidad internacional “justicia, reparación y compensación a las víctimas del genocidio”. Pero la tarea sigue a medias. Aunque desde 1994 se han iniciado más de un millón de enjuiciamientos relacionados con aquellas matanzas, la justicia se hace esperar. La gran mayoría de casos se han visto en el sistema ‘gacaca’, tribunales comunitarios donde los acusados no tienen derecho a asistencia letrada y no se garantiza un juicio justo. Aunque ese discutido sistema debía dejar paso ya a los tribunales convencionales, la fecha límite para que concluyera los procesos ha quedado indefinidamente aplazada.

El Consejo de Seguridad adopta de forma unánime la resolución 1901 (2009), por la que los y las jueces del Tribunal Penal Internacional para Ruanda podrán continuar trabajando en él más allá de la fecha de finalización de su período para que puedan completar el trabajo del Tribunal (c) UN Photo/Paulo Filgueiras

Más sentido tiene la prórroga del mandato del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, hasta el final de 2011 para los juicios en primera instancia y hasta el final de 2012 para los recursos de apelación. Pero a Amnistía Internacional le preocupa que el Consejo de Seguridad esté presionando para que el TPIR termine su labor, máxime cuando diez personas inculpadas y con orden de detención siguen en libertad. Con solo 65 casos completados (incluidos 19 pendientes de apelación y 8 absoluciones), si el Tribunal se cerrara precipitadamente, advierte AI, podrían quedar impunes miles de delitos que aún no se han abordado al no poder o no querer ocuparse de ellos las autoridades nacionales competentes.

Tribunal, Ruanda 2009. (c) AI

El TPIR transfirió su primer caso a Ruanda en junio, que servirá de piedra de toque sobre su mejora judicial tras rechazar todas las solicitudes anteriores por considerar que los acusados no serían juzgados con las debidas garantías. Este mismo argumento ha impedido la extradición al país africano de sospechosos de genocidio, aunque, bajo el principio de jurisdicción universal, sí ha habido procesos contra ellos en Bélgica, España, Estados Unidos, Finlandia, Holanda y Suiza. En cambio, las autoridades de Kigali siguen reacias a investigar y enjuiciar los crímenes de guerra cometidos antes, durante y después del genocidio de 1994 por el Ejército Patriótico Ruandés –brazo armado del ahora gobernante FPR–, al que organismos de la ONU atribuyen de 25.000 a 40.000 muertes.

Represión con leyes imprecisas

Al margen del capítulo penal, Amnistía ha reclamado también apoyo para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos en Ruanda, porque, como ya advertía al cumplirse diez años de las matanzas, sin ese respeto “las causas de nuevos conflictos y de la inseguridad seguirán ahí”. Y por eso su insistencia tras las elecciones presidenciales de 2010 (ganadas con un 93% de votos por Paul Kagame, favorecido por trabas oficiales que impidieron candidaturas opositoras) en la necesidad de “revisar con urgencia las imprecisas leyes sobre ‘ideología genocida’ (2008) y ‘sectarismo’ (2001), que se están utilizando para suprimir la disidencia política y reprimir la libertad de expresión”.

Paul Kagame, 2010 (c) David Shankbone bajo licencia CC BY 2.0

En sendos informes publicados en 2010 y 2011, Amnistía Internacional denunció que tal imprecisión “se utiliza indebidamente para criminalizar las críticas al Gobierno y las actividades de disidencia legítima de políticos de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas”. Aunque ambas leyes se aprobaron con el legítimo propósito de evitar la apología del odio tras el genocidio, su aplicación oficial “viola el derecho internacional“. Se han aprovechado, por ejemplo, para anular a la oposición con arrestos preelectorales y restricciones asociativas, para acallar a periodistas y medios de comunicación con detenciones, enjuiciamientos y cierres –hasta el servicio de la BBC en Kinyarwanda fue suspendido por dos meses en 2009– y para tratar de silenciar a organizaciones no gubernamentales ruandesas e internacionales, incluida AI, extendiendo gratuitos mantos de sospecha.

Si abogados y activistas se declaran incapaces de definir con precisión el concepto de “ideología genocida”, los propios jueces lo consideran amplio y abstracto. Y lo peor es que aboca a gravísimas penas: de 10 a 25 años de cárcel para mayores de edad, de 5 a 12,5 años de prisión para adolescentes y jóvenes de 12-18 años, y de hasta 12 meses en un centro de rehabilitacion para menores de 12 años; también pueden ser sancionados penalmente los padres, tutores o profesores culpables de “inocular ideología genocida” a un menor. El resultado, se lamenta AI, es que la mayoría de la población ruandesa “opta por la opción más segura: guardar silencio”.

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Esta entrada tiene 2 comentarios.

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  1. Toni Suárez
    21 sep 11 9:11

    ¿Cómo pueden existir en nuestro mundo personas tan sanguinarias y despreciativas con los derechos humanos? Pués las hay. Porque; ¿qué tienen es ese cerebro quienes asesinan a 800.000 personas y violan a casi 500.000 mujeres?
    ¡ Por favor!, que el Tribunal Penal Internacional actúe de inmediato, para erradicar -no con la misma moneda-, a tan sanguinarios y despreciativos cerebros, con sus semejantes. Sin ellos, el mundo será muy distinto.

  2. Hechos como estos no deben volver a ocurrir
    nunca, porque atentan contra los derechos
    humanos. Aquellas personas que hayan cometidos
    delitos contra estos derechos, matando y violando
    mujeres y niñas no deben seguir con libertad,y el
    gobierno de Ruanda debería encarcelarlos.