Israel impide el desarrollo de los Territorios Palestinos Ocupados al racionar injustamente sus recursos hídricos, mientras los colonos judíos de los asentamientos ilegales disfrutan de cultivos de riego, jardines y piscinas

© Amnesty International 2009

En materia de recursos hídricos, “las verdes extensiones de terreno de los asentamientos israelíes ilegales junto a los resecos pueblos palestinos son un magnífico ejemplo de la política discriminatoria de Israel hacia la población palestina de los Territorios Palestinos Ocupados (TPO)”, denunció Amnistía Internacional en octubre de 2009. Un mes en el que la organización de derechos humanos  abordó el problema en dos documentos, uno enmarcado en la campaña “Exige Dignidad” bajo el título de “Sedientos de justicia. Restricción del acceso de la población palestina al agua“, y otro el exhaustivo informe “Aguas turbulentas: Negación del derecho de acceso al agua a la población palestina“.

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Amnistía Internacional puso en marcha en 2007 un proyecto del que actualmente forman parte 250 centros educativos de todo el Estado. El objetivo es sencillo y complicado a la vez, y se basa en una idea fundamental: conocer las violaciones de derechos humanos nos permite actuar para impedirlas

© Amnesty International Greece 2010

Miles de estudiantes desde Primaria a Educación de Personas Adultas, cientos de profesores y profesoras. 250 centros educativos, 17 Comunidades Autónomas y 49 provincias. Esto es en números la Red de Escuelas por los Derechos Humanos, iniciativa de Amnistía Internacional que propone que es totalmente imprescindible que en los espacios educativos los derechos humanos “se sientan y se vean”. Esto debe conseguirse de forma integral, mediante la existencia de asignaturas; de derechos humanos, el fomento de actividades en espacios públicos del centro y  la participación del alumnado en la vida escolar. Entendemos que la formación del profesorado en materia de derechos humanos es imprescindible para que todo esto pueda llevarse a cabo.

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El apoyo de AI a las protestas indígenas logra detener en la India un doble proyecto empresarial (de extracción minera y ampliación de una refinería de aluminio), cuyo grave impacto ambiental y humano amenazaba a la comunidad Dongria Kondh

©Amnesty International 2010

Los gobiernos son responsables de proteger los derechos humanos, pero también lo son las empresas. Y por tanto, como subraya Amnistía Internacional, también ellas deben rendir cuentas de sus actividades y de su impacto sobre la ciudadanía. Esa precisión, avalada por especialistas como John Ruggie, representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, viene a cuento de una de las historias de éxito que han jalonado los 50 años de AI. Su escenario, el Estado indio de Orissa, y en concreto las colinas de Niyamgiri y su entorno, donde viven la comunidad indígena Dongria Kondh, integrada por 9.000 personas y amenazada de extinción.

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Un millón de personas ven violados cada año su derecho humano a una vivienda digna por desalojos forzosos, que se acentúan con los preparativos de grandes eventos deportivos como las Olimpíadas o los Mundiales de Fútbol

Estadio Olímpico 'Engenhão' Joao Hanelange © Jorge Andrade

Más de un millón de personas sufren cada año desalojos forzosos al ser expulsadas contra su voluntad y sin salvaguardias jurídicas de las viviendas o tierras que ocupan. Y eso, denuncia Amnistía Internacional, constituye “una violación de los derechos humanos que los gobiernos están obligados a prohibir e impedir”. Pero hacen justo lo contrario: recurren cada vez más a ellos, de modo que “numerosos asentamientos precarios son demolidos para dejar espacio al desarrollo urbano, para proyectos de embellecimiento de las ciudades o durante los preparativos con motivo de eventos internacionales” como los Juegos Olímpicos o los Campeonatos Mundiales de Fútbol.

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Cortometraje creado por Amnistía Internacional Reino Unido sobre las prácticas perjudiciales de la Shell Oil en el delta del Níger. © AI

Para ellos, petróleo no es más que triste y cruda realidad desde hace años: sinónimo de desplazamiento, de destrucción y muerte. Allí, en lo que llaman Ogoniland, se vierte desde la red de tuberías, terminales, estaciones de bombeo y plataformas, constantemente, cual Exxon Valdés empujado a la puerta de tu casa, en una de las peores catástrofes ecológicas de este mundo… y más ignoradas: a ojos occidentales no existe. Aquello no es la costa de Florida, ni dice palabra el presidente Obama.

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