Guantánamo, telón de fondo de la campaña de AI "Seguridad con Derechos Humanos", que rechaza detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas y exige rendir cuentas por esos abusos.

Spot producido por AI UK como parte de una campaña contra el programa de detención e interrogatorios de la CIA que contraviene el artículo 3 de la Convención de Ginebra que prohibe expresamente el trato inhumano y degradante a los prisioneros de guerra. En este video se muestra la técnica denominada “waterboarding”, simulación de ahogamiento.

La llamada “guerra contra el terror” está siendo terrorífica para los derechos humanos. La respuesta del Gobierno de Estados Unidos a los atentados del 11 de septiembre de 2001, simbolizada en la ocupación militar de Afganistán y en las ‘jaulas carcelarias’ de la base de Guantánamo, ha dado lugar a una inagotable galería de abusos y violaciones del derecho internacional. Con la doble excusa de la lucha contra el terrorismo y la amenaza a la seguridad nacional –y muchas veces con la complicidad de sus aliados en Europa y otras partes del mundo–, Washington y sus fuerzas militares y de inteligencia han llevado a cabo detenciones ilegales y desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos, traslados de presos a otros países y retenciones en cárceles secretas.

Entrevista con Louise Christian, abogada de derechos humanos, en febrero de 2006. “Los políticos no han entendido la importancia de las libertades civiles”. (c) AI

En estos casi diez años, protesta Amnistía Internacional, dirigentes de todo el mundo han actuado “por encima del derecho internacional” y “como si en la lucha contra el terrorismo valiese todo”. Pero no, no vale todo, advierte la organización, que ha lanzado la campaña “Seguridad con Derechos Humanos” para recordar a los Estados que deben respetarlos siempre; que la defensa de su seguridad nacional jamás justifica detenciones ilegales, torturas o desapariciones forzadas; y que deben rendir cuentas cuando cometen tales abusos. Los derechos de las personas privadas de libertad -a conocer los motivos, a tener defensa jurídica, a recurrir su detención, a no ser recluidas en lugares secretos y a que su familia sepa su paradero- no se pueden anular arbitrariamente: son garantías reconocidas por ley.

La “guerra contra el terror” ha hecho tabla rasa de esos derechos. En decisiones tomadas ‘en caliente’ tras el 11-S, el Congreso estadounidense y la Administración Bush pusieron los cimientos de un edificio normativo excepcional que acabaría cobijando todo tipo de violaciones de los derechos humanos. El 14 de septiembre, la Cámara Baja autorizó por primera vez al presidente a usar la fuerza contra “naciones, organizaciones y personas” que a su juicio tuvieran relación con los atentados o con actos futuros de terrorismo internacional. Tres días más tarde, el propio George Bush firmó un memorando que permitía a la CIA establecer centros de detención fuera de Estados Unidos.

Abdulsalam al Hela, yemení de 32 años, empresario y ex alto cargo de los servicios de Seguridad Política de Yemen, viajó a Egipto por negocios en septiembre de 2002 y no regresó. Su familia habla de cómo lograron enterarse de dónde estaba. (c) AI

Ambas decisiones extendían un cheque en blanco que se traduciría muy pronto en la invasión de Afganistán (7 de octubre) y en el traslado de los primeros detenidos en ese país a Guantánamo (11 de enero de 2002). A partir de ahí, una cadena de órdenes ejecutivas, memorandos y autorizaciones del presidente Bush, su secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el Departamento de Justicia, servirían de ‘paraguas’ para innumerables abusos contra los derechos humanos. Se permitía la custodia indefinida sin cargos de ciudadanos no estadounidenses. Se prohibía a los detenidos recurrir ante tribunales de EE.UU., extranjeros o internacionales. Se remitía cualquier posible juicio a “comisiones militares” ejecutivas y no a tribunales ordinarios independientes. Y se negaba a los tribunales federales atender peticiones de ‘habeas corpus’ presentadas por “extranjeros enemigos” detenidos en la base.

A la vez, se vetaba a los detenidos talibán o de Al Qaeda la condición de prisionero de guerra y su correspondiente protección por los Convenios de Ginebra. Y se avalaban en los interrogatorios tratos crueles, inhumanos o degradantes que, en caso de traspasar la frontera de la tortura, esquivaban toda responsabilidad penal recurriendo a la doctrina de la “necesidad” o la “defensa propia”. Esa estrategia oficial autorizaba técnicas de interrogatorio como el aislamiento prolongado, la privación y manipulación sensorial  –encapuchamiento con música a todo volumen, luces potentes a intervalos–, la regulación de la temperatura y otras “manipulaciones ambientales”, la interrupción reiterada del sueño o los abusos y humillaciones sexuales. Por si fuera poco, se permitía solicitar técnicas adicionales en casos concretos y se asesoraba a la CIA sobre la legalidad de “métodos alternativos de interrogatorio”.

Los vuelos de la CIA

Entrevista con Anne Fitzgerald, Asesora General de AI, en abril de 2006 sobre los “vuelos secretos” de la CIA. (c) AI

Paralelamente, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se embarcaba en un programa de entrega ilegal y detención secreta que, con la colaboración de varios países aliados de Estados Unidos, facilitó la desaparición forzada, tortura y maltrato de varias personas. AI lo puso negro sobre blanco el 15 de noviembre de 2010 con su informe “Un secreto a voces”, que denunciaba los “crecientes indicios sobre la complicidad de Europa” y explicaba cómo España y otros países  permitieron entre enero de 2002 y septiembre de 2007 que la CIA utilizara sus aeropuertos y su espacio aéreo en esas operaciones contrarias al derecho internacional.

Manfred Nowak fue relator especial de la ONU sobre la tortura hasta octubre de 2010. En mayo de 2008 habló con Amnistía Internacional sobre el papel de los Estados europeos en el programa de entregas extraordinarias y detenciones secretas dirigido por EE.UU. (c) AI

En el caso de España, 200 detenidos llegaron a Guantánamo en aviones militares estadounidenses que despegaron de bases españolas o cruzaron nuestro espacio aéreo con autorización oficial; al menos 68 escalas están comprobadas hasta finales de 2005. Además, policías españoles viajaron al menos cuatro veces a Guantánamo para, aprovechándose de ese limbo extralegal, llevar a cabo interrogatorios ilegales a detenidos de distintos orígenes. La Audiencia Nacional tiene abiertos tres procedimientos sobre esos hechos, pero la escasa diligencia de las autoridades mantiene a las víctimas sin justicia ni reparación alguna. También ha habido investigaciones y procesos en Alemania, Italia, Lituania, Macedonia, Polonia, Reino Unido, Rumania y Suecia. Pero ni esas investigaciones, ni los parciales éxitos judiciales en Estados Unidos para hacer valer las garantías legales de los detenidos en Guantánamo, ni siquiera la llegada a la Casa Blanca del presidente Barack Obama con su promesa de cerrar ese centro de detención, nada de ello ha bastado para revertir las violaciones de derechos humanos en la “guerra contra el terror”. Es cierto, como apunta Amnistía Internacional, que las condiciones de reclusión han mejorado, pero siguen pendientes las principales demandas de AI: clausura de Guantánamo, fin de las detenciones sin juicio, procesos civiles y rendición de cuentas.

Obama, esperanza a medias

Los primeros 100 días de Obama: no esperamos lo imposible
Amnistía Internacional le pidió al presidente Barak Obama que realizara cambios en sus primeros 100 días en la presidencia, para combatir el terror con la justicia. (c) AI

 

Los datos legales y judiciales dan idea de la magnitud del abuso. Casi 800 detenidos han pasado por Guantánamo, y unos 170 permanecen allí. Solo han sido condenados media docena, y apenas uno ha sido juzgado por tribunales civiles. Gracias a un dictamen del Supremo de 2008 que les permitía impugnar la legalidad de su detención, se han resuelto 56 recursos de ‘habeas corpus’, 37 a favor –aunque solo 23 han sido liberados– y 19 en contra. Y hay 32 exdetenidos que han recibido protección internacional en una quincena de países, incluida España, que acogió en agosto a tres de nacionalidades yemení, palestina y afgana.

Protección internacional para los detenidos en Guantánamo
Amnistía Internacional pide a los países europeos que acepten a los detenidos en Guantánamo que no pueden ser devueltos a sus países por correr el riesgo de ser torturados o sufrir otras violaciones de derechos humanos. Habla Lakhdar Boumediene, exdetenido en Guantánamo que ahora vive en Francia, acogido por el gobierno francés. (c) AI

 

 

También la gran esperanza de Obama, que a su llegada a la presidencia anunció el cierre del centro de internamiento para enero de 2010, se ha desinflado. Los juicios ante comisiones militares continúan, y su orden ejecutiva del pasado 7 de marzo supone, en palabras del director de asuntos políticos de AI para antiterrorismo y derechos humanos, Tom Parker, la “consolidación de su abrazo a la política antiterrorista de la era Bush”. Tras “dos años de indecisión y retrasos”, concluye, esa ‘nueva’ política no pasa de “operación cosmética” y es “poco más que un elaborado juego de trileros”.

 

 

 

 

Si deseas consultar más documentación de Amnistía Internacional sobre este tema visita nuestro Centro de Documentación

 
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Esta entrada tiene 4 comentarios.

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  1. Mª DEL CARMEN LONGUEIRA RUMBO
    19 jul 11 8:25

    El fin no justifica los medios, no hay escusas para la tortura ni para violar los D. Humanos, tiene que haber un límite, esto no es justicia!.

  2. Renee Domínguez Serres
    16 jul 11 3:02

    COINCIDO CON LO DICHO POR TONI SUÁREZ.
    EN ESTO EL FIN HA DEJADO A UN LADO LOS MEDIOS, ASÍ LOS DERECHOS HUMANOS NO ESTÁN PROTEGIDOS POR NINGUNA DE LAS PARTES. ES PRECISO APOYAR COMO A. I. LO
    REQUIERA PARA QUE NOS PODAMOS SENTIR SEGUROS DE QUE NO HEMOS RETROCEDIDO Y LO
    LOGRADO ES RELATIVO AL MOMENTO, SITUACIÓN Y GOBIERNO DE TURNO.

  3. Ernesto Contreras Cazaña
    15 jul 11 13:26

    Lo más sangrante es que a día de hoy todavía están tratando de justificarlo, por ejemplo cuando se cargaron a Bin Laden afirmaron que las informaciones que los llevaron hasta él se obtuvieron mediante tortura.

  4. Toni Suárez
    13 jul 11 10:57

    Con la disculpa de la mal llamada “guerra contra el terror”, muchos gobiernos han actuado -DESGRACIADAMENTE-, por encima del derecho internacional. Por ello, invito a todas las personas, sin distinción de sexo, religión, ideología política, o de cualquier otra índole, con inquietud por los derechos humanos, a que se informen de la campaña de Amnistía Internacional: “Seguridad con Derechos Humanos”.
    Es inexpicable, que en pleno siglo XXI, estén ocurriendo semejantes atropellos de los derechos humanos.