AI recuerda que la mayoría de víctimas aún espera "reconocimiento, reparación y justicia" y considera que el país "necesita mirar al futuro enfrentándose a su pasado". También aboga por la protección de los derechos humanos y la efectividad policial y judicial para acabar con la actual inseguridad y las mafias

Madre e hijo caminan entre las marcas policiales en la escena de un tiroteo cerza de Zacapa, Guatemala. 23 de septiembre de 2010. (c) REUTERS/Daniel Leclair

Después de un prolongado conflicto armado interno (1960-1996) que dejó más de 200.000 muertes y 50.000 ‘desapariciones’, Guatemala sigue envuelta en un grave clima de violencia que ahora tiene perfiles de inseguridad callejera, mafias agresivas y violaciones de los derechos humanos. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo cifra en 6.000 los homicidios anuales, con una tasa de 47 por 100.000 habitantes (108 en la capital) que desborda brutalmente el nivel de “epidemia de violencia” fijado por la Organización Mundial de la Salud en 10 crímenes por 100.000 habitantes.

Ni Proteccion Ni Justicia – Homicidios de Mujeres en Guatemala
Documental realizado por AI Holanda (en castellano) en 2005, sobre el feminicidio en Guatemala

Tras constatar que “las personas más vulnerables de la sociedad” siguen viendo violados sus derechos humanos, Amnistía Internacional instó a los candidatos de las elecciones presidenciales que se decidirán en la segunda vuelta de noviembre, a que “se comprometan a priorizar el respeto, el fomento y la protección” plena de esos derechos. Una demanda que comprenden a la perfección las mujeres y niñas discriminadas y asesinadas (717 en 2009 y 695 en 2010 a pesar de la Ley contra el Femicidio de 2008), el campesinado indígena desalojado a la fuerza de sus tierras o las defensoras y defensores de derechos humanos que sufren amenazas y ataques. Ni la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú se ha librado de la represión.

Policías prenden fuego a las casas durante el desalojo de la granja de Nueva Linda 31 de agosto de 2004. (c) Particular

Policías prenden fuego a las casas durante el desalojo de la granja de Nueva Linda 31 de agosto de 2004. (c) Particular

La exclusión social (la pobreza alcanza al 51% de la población y la miseria al 15%) y la debilidad institucional que permite burlar la ley, se realimentan y dibujan un círculo vicioso que favorece la violencia e inseguridad masivas. Miles de jóvenes sin formación adecuada para el mundo laboral se ven abocados a la economía informal (como el 80% de la población) o, peor aún, corren peligro de caer en el sicariato. El campo está abonado cuando proliferan grupos clandestinos que sostienen con extrema violencia sus lucrativos negocios ilegales de secuestros, contrabando y tráfico de drogas, armas y personas.

Recogida de firmas en el maraton por los derechos humanos organizado el 10 de diciembre de 2010 po Norma Cruz, defensora de derechos humanos guatemalteca y directora de la Fundación Sobrevivientes (c) AI

Recogida de firmas en el maraton por los derechos humanos organizado el 10 de diciembre de 2010 po Norma Cruz, defensora de derechos humanos guatemalteca y directora de la Fundación Sobrevivientes (c) AI

Todo ello hace de Guatemala casi un Estado fallido, con varias zonas controladas por el mexicano Cartel de los Zetas y con un alto coste económico (7,3% del PIB), social y político de la violencia. Apenas el 2% de homicidios acaba en condena, lo que da la razón al relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, que tras sus informes sobre Guatemala de 2007 y 2009 se lamentó de que “es un lugar indicado para cometer asesinatos, porque es casi seguro que el delito quedará impune”.

Erwin Sperisen, ezx Director de la Policia Nacional de Guatemala durante el gobierno de Oscar Berger (c) AP

Erwin Sperisen, ezx Director de la Policia Nacional de Guatemala durante el gobierno de Oscar Berger (c) AP

Esta impunidad inquieta a Amnistía Internacional, que, para erradicarla, considera prioritarias la protección de los derechos humanos y la efectividad policial y judicial para investigar y enjuiciar los delitos. Pero también le preocupa la impunidad de los delitos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad y otras violaciones de derechos humanos cometidas en 36 años de conflicto armado interno. “Guatemala necesita mirar al futuro enfrentándose a su pasado”, recalca AI tras recordar que “la gran mayoría” de víctimas y sus familiares sigue esperando “reconocimiento, reparación y que se haga justicia“.

Un triple derecho que solo se ha materializado en un puñado de juicios que han llevado a prisión, por ejemplo, a exmilitares participantes en la masacre de Dos Erres de 1982 que segó 250 vidas. La sentencia fue el 2 de agosto pasado, y el histórico fallo (los cuatro condenados sumaron 6.000 años de cárcel) alarga la lista de excepciones a la abrumadora impunidad de los miembros del ejército, que bautizaron las campañas más duras de contrainsurgencia –presidencia del general Ríos Montt a principios de los 80– como “tierra arrasada”. Una táctica dirigida a liquidar la base popular de las guerrillas en las zonas rurales mayas que, con el apoyo de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), se ensañó con la población más indefensa. Fueron cientos las matanzas y decenas de miles los indígenas no combatientes asesinados tras sufrir torturas y, en el caso de las mujeres, violaciones.

Incluso en los casos con condenas (tres militares y cinco expatrulleros implicados en las masacres de 1982 en Río Negro, que en sucesivos ataques perdió a 444 de sus 791 habitantes), los vaivenes judiciales han dejado una estela de impunidad. Pero así y todo, como evidenció en 2009 la primera sentencia contra un exmilitar de alto rango por seis ‘desapariciones’ en 1981, Amnistía Internacional pone el acento en que eso demuestra que “es posible hacer justicia si se emplean medios efectivos de investigación y procesamiento, y si existe voluntad política por parte de las autoridades”.

Exhumando la verdad
La historia de la matanza de Rio de Negro a través de la búsqueda emprendida por Dominga Sic Ruiz para encontrar a su familia (c) AI y otros

El simple recuerdo de algunos casos revela hasta qué punto hace falta “reconocimiento, reparación y justicia” para las víctimas. Como el de Denese Becker, que se llamaba Dominga Sic Ruiz y tenía 9 años cuando el ejército y la PAC de un pueblo vecino cometieron las matanzas de Río Negro. Ella huyó con su hermana de nueve días atada a la espalda –no logró que sobreviviera– y fue adoptada en Estados Unidos; de ahí su nuevo nombre. O como el caso de la antropóloga Myrna Mack, asesinada tras publicar un revelador estudio sobre el desplazamiento interno de pueblos indígenas por la política de contrainsurgencia, que dejó en evidencia al Gobierno cuando arrancaban las conversaciones de paz. Los militares no se lo perdonaron, como tampoco al obispo Juan José Gerardi, que impulsó el proyecto diocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi); fue asesinado a golpes dos días después de presentar su informe sobre abusos cometidos durante el conflicto armado interno.

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Esta entrada tiene 2 comentarios.

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  1. No puede repetirse estas cosas tan horribles
    que han sucedido en Guatemala, y las personas
    que han cometido estos crímenes tienen
    que ser juzgados y condenados a muchos años
    de prisión hay que hacer justicia a favor de las
    víctimas de la masacre de Rio Negro.

  2. Toni Suárez
    26 sep 11 13:16

    Las mujeres y hombres responsables, en el mundo que nos toca vivir, no podemos -¡NUNCA!-consentir, que aún haya víctimas esperando “reconocimiento, reparación y justicia”, como ocurre en Guatemala. Ni tampoco, estar jamás de acuerdo, con el desalojo forzoso de sus tierra, de campesinos indígenas; ni con las amenazas y ataques que sufren las defensoras y defensores de derechos humanos; ni conla impunidad de los delítos de genocidio, crímenes de guerra, y contra toda violación de derechos humanos cometidos en Guatemala en los 36 años de conflicto.
    Antes estas injusticias, considero, que no debemos: ¡¡MIRAR HACIA OTRO LADO!!