Pese al desdén oficial, familiares y ONG han conseguido localizar a la mitad de los 700 menores 'desaparecidos' durante el conflicto armado 1980-1991

Mural por las víctimas, El Salvador. Marzo de 2003 (c) 2003

El reciente Día Internacional de los Desaparecidos (30 de agosto) desparrama su eco sobre uno de los grandes dramas del conflicto armado que desangró a El Salvador entre 1980 y 1991: la ‘desaparición’ de más de 700 niñas y niños. Una tragedia agravada por la desidia y el desdén de las autoridades, que, como ha denunciado repetidamente Amnistía Internacional, no solo han incumplido su obligación de investigar los hechos y perseguir a sus responsables, sino que ni siquiera han apoyado los esfuerzos de búsqueda de familiares y organizaciones no gubernamentales, que pese a ello han conseguido localizar a la mitad de esos menores.

En julio de 2003, el informe de AI “El Salvador. ¿Dónde están las niñas y los niños desaparecidos?” centraba la cuestión como “parte de sus continuos esfuerzos para poner fin a la impunidad por las pasadas violaciones de derechos humanos” y “para apoyar los esfuerzos de quienes se empeñan en encontrar a las niñas y niños desaparecidos” durante el conflicto armado. Este, calificado de “uno de los periodos más oscuros de la historia” de ese país centroamericano, dejó “75.000 víctimas de violaciones de derechos humanos” –incluidas ejecuciones extrajudiciales, homicidios ilegítimos, desapariciones y torturas–, en su “mayoría cometidas por las fuerzas armadas y los ‘escuadrones de la muerte’ y, en muy menor proporción, por el grupo de oposición armada, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN)”.

El balance fue especialmente trágico entre 1980 y 1984, con operaciones militares de ‘limpieza’ contra la población civil y “varias masacres” en las que, como recordaba Amnistía Internacional, “miembros de familias quedaron separados entre sí o los padres y madres fueron asesinados y los militares se llevaron a los niños sobrevivientes”. Parte de esos menores fueron llevados a orfanatos u otras instituciones. Otros quedaron en instalaciones militares. Y otros más fueron entregados en adopción, tanto en el país como en el extranjero, o permanecieron en casas de militares y familiares de los mismos.

De izquierda a derecha: 3 familiares de víctimas de la masacre de El mozote (1981), Dina Coloma y María Julia Hernández de la ONG Tutela Legal. (c) AI

“Estos son los niños desaparecidos de El Salvador cuyas familias los buscan desde entonces”, remachaba el informe tras estimar su número en “cientos, posiblemente miles”, y subrayar que “la experiencia ha mostrado que muchos están vivos, pero no conocen su realidad e identidad”. Una constatación que hacía aún más injustificable la falta de colaboración gubernamental con las gestiones de búsqueda de familias y sociedad civil. Como escribiría en noviembre de 2004 la investigadora de AI Dina Coloma tras conocer –ya convertidos en adultos– a algunos de los menores localizados, “todos ellos siguen necesitando apoyo para curar sus heridas, comprender el pasado y reclamar justicia por el suplicio y las pérdidas sufridas”. Y esa labor, que desborda con mucho la capacidad de ONG y familiares, entra de lleno en las obligaciones del Estado de respetar y hacer valer el derecho internacional.

Fernando Serrano Cruz, Rosa Serrano Cruz, Suyapa Serrano Cruz, Arnulfo Serrano Cruz, Marta Serrano Cruz (familiares de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz) y Jon de Cortina, fundador de Pro-Busqueda, 26 de septiembre de 2005. (c) Particular

Pero el expediente oficial de El Salvador en este ámbito no es precisamente brillante. Todo lo contrario. Como recordaba Amnistía Internacional cuando el país centroamericano debió comparecer en 2004 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición en 1982 de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, el Gobierno salvadoreño ha desoído decisiones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigara graves violaciones de derechos humanos (asesinatos de monseñor Óscar Romero en 1980 y de seis jesuitas, incluido el vasco Ellacuría, y dos mujeres en 1989), para que persiguiera y sancionara a sus responsables, y para que garantizara la  correspondiente reparación a las víctimas y a sus familias. En tales ocasiones, se lamentaba AI, “la respuesta de las autoridades fue desdeñosa, no cumplieron con ninguna de las recomendaciones y siguieron apoyando el imperio de la impunidad”.

Los seis jesuitas, su cocinera y su hija de 15 años, asesinados por soldados salvadoreños el 16 de noviembre de 1989 en la residencia de los jesuitas en la Universidad José Simeón Cañas. (c) Particular

El caso de las hermanas Serrano Cruz, capturadas durante una operación militar en Chalatenango, es todo un símbolo de la falta de voluntad gubernamental para hacer realidad los principios de verdad, justicia y reparación exigibles en tan graves crímenes contra el derecho internacional como las desapariciones. Y eso que no fue hasta después de terminado el conflicto armado (el último de los Acuerdos de Paz se firmó en México en enero de 1992) cuando la madre de las niñas de tres y siete años, María Victoria Cruz, presentó la correspondiente denuncia ante un juzgado de Chalatenango. La causa se archivó dos veces en 1993 y 1998, se reabrió en 1999 y llegó en 2003 a la Comisión y a la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Este tribunal ordenaría en 2005 al Estado salvadoreño investigar el caso y procesar a los culpables, pero Cruz ya no pudo celebrar ese pequeño avance; falleció en marzo de 2004.

Exhibición de las postales enviadas por activistas de AI, en los actos organizados por Pro-Búsqueda el 29 de marzo de 2009 con motivo del Día Nacional por los Niños Desparecidos. (c) Pro Búsqueda 2009

Pero, pese a tantas dificultades, sigue brillando la luz de la esperanza. Además de las exigencias de la Corte Interamericana a las autoridades salvadoreñas, continúan los incansables esfuerzos de las familias y organizaciones como la Asociación Pro-Búsqueda, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador o Amnistía Internacional. Para AI se trata, en palabras de su investigadora Dina Coloma, de una responsabilidad y una obligación hacia esas víctimas infantiles: “Conocer el pasado para poder afrontar el futuro”. Y basta, por ejemplo, escuchar a Andrea Dubón –separada de sus padres en una operación militar cuando tenía siete años– contar que su reencuentro al cabo de 17 años “fue un momento inolvidable de mi vida, un momento que lo cambió todo”, para comprobarlo. Ella mismo lo relató junto a otros cuatro ‘niños encontrados’ en el libro “Historias para tener presente”, un impresionante alegato infantil contra los conflictos armados de la ‘sociedad adulta’.