Pat Bennetts, socia de AI-España, ha desafiado durante más de 35 años el cerco de intimidación y silencio para desvelar la verdad del 'buque tortura' chileno

Hemos venido para quedarnos. Anuncio producido por la agencia TBWA y AI Francia, con motivo del 44 aniversario de AI en 2005.

Manifestantes a las puertas de la Casa de los Comunes, celebran la decisión de los Lores de arrestar a Pinochet por crímenes contra la humanidad. Londres, 27 de marzo de 1999. (c) AP/PA Photo/Dave Thomson

“El historial de impunidad de Chile es asombroso”, se lamentaba Amnistía Internacional en enero de 1999, en plena ebullición judicial del ‘caso Pinochet’, detenido entonces en Londres ante una solicitud de extradición a España por presuntos crímenes contra la humanidad -bajo cargos de asesinato en masa, terrorismo y tortura- durante la dictadura militar chilena 1973-1990. La queja sigue encontrando motivos en este 2011.

Hace apenas dos meses, la directora adjunta del Programa para América de AI, Guadalupe Marengo, denunciaba públicamente que un juez “está haciendo una farsa de la justicia en el caso de Michael Woodward” al retirar los cargos contra 19 de los 29 ex agentes de la policía y la armada acusados formalmente de torturar y asesinar a ese sacerdote británico-chileno a los pocos días del golpe militar de 1973. Los otros diez procesados lo están siendo solo por secuestro, en vez de por crímenes de lesa humanidad.

Protestas contra la tortura en la calle Borgoño 1470 el 18 de octubre de 1983. Este centro se se cita frecuentemente como centro de detención secreta, centro de interrogatorio y tortura del CNI en los testimonios. (c) Privado

El de Woodward es un caso simbólico en la historia represiva iniciada el 11 de septiembre de 1973, cuando las fuerzas armadas chilenas derrocaron al gobierno democrático de Salvador Allende y, bajo el mando directo del general Augusto Pinochet, aplicaron una política planificada, sistemática y generalizada de violaciones de los derechos humanos. Los casi 17 años de dictadura militar dejaron miles de personas detenidas, torturadas (unas 30.000), ejecutadas extrajudicialmente y ‘desaparecidas’ (más de 3.000). El sacerdote católico fue víctima de esos crímenes contra la humanidad, y pasó por un escenario ya trágicamente famoso de los mismos como el llamado ‘buque-tortura’ de la era Pinochet, el Buque Escuela Esmeralda, que a pesar de ello ejerce aún de ‘embajada itinerante’ de Chile en sus viajes de formación.

El de Woodward también es un caso simbólico desde una perspectiva española. Su hermana Patricia Bennetts es una veterana activista en AI-España, y puede decirse que ya pertenecía a la Sección Española antes incluso de su constitución oficial en 1978. Cuando participó en su primera campaña, sobre Argentina, recuerda que “no teníamos todavía sede”. Y eso dice mucho de su determinación en la lucha por los derechos humanos. La misma determinación que mostró durante más de 35 años para buscar la verdad y la justicia en el caso de su hermano Michael, que pagó con su vida su compromiso religioso y sociopolítico en el barrio de trabajadores de Cerro Placeres, en Valparaíso.

Pat Bennetts recibiendo el homenaje que le dedicó AI en abril de 2011 como parte de los eventos de celebración del 50 aniversario de AI. (c) Teresa de la Fuente

Pat Bennetts no se arredró ante el cerco de intimidación y de silencio –la sombra del dictador Pinochet demostró ser alargada incluso después de su fallecimiento en 2006– que le tendieron los partidarios del régimen militar. Las amenazas de muerte y el acoso alcanzaron a la jueza que llevó el caso hasta marzo pasado y a una abogada de derechos humanos, y ella misma fue recibida con hostilidad por manifestantes pinochetistas ante los tribunales de Valparaíso. Pero su perseverancia le permitió desvelar cómo murió su hermano Michael Woodward -pasó por los tres centros de tortura de la armada en esa ciudad antes de que le dispararan en el pecho y lo enterraran en una fosa común- y desmontar las mentiras urdidas por el régimen para intentar descalificarlo como sacerdote y para ‘maquillar’ su asesinato como una muerte por parada cardiorrespiratoria. En 2008 logró por fin que se detuviera y procesara a los presuntos implicados en el crimen.

‘Autoamnistía’ militar

El caso Woodward ya figuraba en el Informe Retting que inició la respuesta de los gobiernos civiles tras la recuperación de la democracia en 1990. Aunque fue una respuesta tímida por la ‘coraza de impunidad’ impuesta por el régimen militar saliente con la Ley de Amnistía de 1978, permitió un retrato parcial de las graves violaciones de derechos humanos de la dictadura. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creadas por el presidente democristiano Patricio Aylwin, contabilizaron 1.102 ‘desapariciones’ y 2.095 ejecuciones extrajudiciales y muertes por tortura, lo que elevó a 3.197 las víctimas reconocidas oficialmente por el Estado. Y eso sin incluir a los miles de personas que sobrevivieron a las torturas, cuya práctica generalizada por el régimen militar también violaba tratados internacionales firmados por Chile.

Monumento a las personas desaparecidas, detenidas y ejecutadas durante el regimen militar. Está en el Cementerio Central de Santiago de Chile. La inscripción reza Todo mi amor está aquí y se ha quedado pegado a las rocas, al mar, a las montañas (c) AI

Ciertamente, no era fácil para los gobiernos civiles desmontar el tinglado militar que había liquidado las garantías democráticas (más de 3.500 decretos-ley y cuatro normas bautizadas paradójicamente como “leyes constitucionales”) y que, antes de abandonar el poder, se había empeñado en garantizarse la impunidad de sus crímenes. El Decreto-Ley 2.191 de 1978, más conocido como Ley de Amnistía, fue denunciado por AI como “una auténtica autoamnistía” para impedir el procesamiento de los implicados en la represión durante el estado de sitio (desde el golpe hasta el 10 de marzo de 1978), apenas disimulada con la cobertura de varios centenares de presos políticos que fueron liberados.

No era fácil saltar esa legislación militar autoprotectora, pero Amnistía Internacional consideró que el nuevo poder civil podía y debía hacer más. Sobre todo cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres en octubre de 1998 y “la maquinaria de relaciones públicas y judiciales del ex general se puso en marcha rápidamente para solicitar su inmunidad” como exjefe de Estado, para impugnar después al tribunal -bajo alegación de relación entre uno de los jueces lores y AI- y, como último recurso ante la solidez de las acusaciones, para desviar el caso judicial al ámbito ‘humanitario’ de la salud. A la postre, el ministro británico del Interior, Jack Straw, aceptaría esos “motivos de salud” para parar el proceso de extradición a España y permitir el regreso a Chile del exdictador en marzo de 2000.

Carta enviada a Pinochet el 31 de diciembre de 1997 junto con el informe de la visita a Chile de AI del 1 al 8 de noviembre de ese año.

Durante aquel pulso judicial, en el que las investigaciones e informes de Amnistía fueron claves para documentar las acusaciones, la organización reprochó severamente al gobierno chileno “su anticuada y viciada defensa de la soberanía nacional” y su apoyo a “los esfuerzos de Augusto Pinochet por evitar un juicio”, con lo que “en vez de ponerse del lado de las víctimas, ha tomado partido por la defensa de la impunidad”. Pero aquella tibieza oficial tendría como contrapunto el relanzamiento en Chile de la lucha por la verdad y la justicia que AI había abierto nada más producirse el golpe con el envío de una delegación en noviembre de 1973 y su correspondiente informe sobre violaciones de derechos humanos.

Declaraciones de la Secretaria General de AI sobre el significado del arresto de Pinochet en la lucha contra la Impunidad y en el avance la justicia universal, en el 10º aniversario del arresto de Pinchet. (c) AI

Si las vistas judiciales de Londres llevaron a otros países a seguir el ejemplo español con nuevos procedimientos penales y demandas de extradición contra Pinochet, el regreso de este a Santiago sirvió de revulsivo contra la impunidad. Siete abogados de derechos humanos lo ‘recibieron’ con una petición judicial para levantar otro parapeto autoprotector, su inmunidad procesal como senador vitalicio. Un gesto simbólico que resumía las demandas presentadas hasta esa fecha contra el ex dictador por más de 2.000 casos individuales de violaciones de derechos humanos. Y que confirmaba, sobre todo, el empeño de la ciudadanía en exigir verdad y justicia para miles de víctimas asesinadas, ‘desaparecidas’ y torturadas –fracturas, arrancamiento de uñas, quemaduras, descargas eléctricas, violaciones– cuya memoria todavía produce escalofríos.

 

 

Hoy no voy a poder resistirme y voy a añadirle un pequeño extra al post de Manu. Un regalo de 22 minutos en imágenes. Un resumen de aquel concierto que bajo el lema “Un abrazo a la esperanza” se celebró los días 12 y 13 de octubre de 1990 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.
AI no pudo visitar Chile con aquel famoso Human Rights Now Tour en 1988, pero terminada la dictadura de Pinochet, Amnistía Internacional se unió a esta celebración de la esperanza, en el mismo Estadio en el que Chile vió cómo se encarcelaba y torturaba a sus seres queridos. Sting, Peter Gabriel, Jackson Browne, Sinéad O’Connor, Wynton Marsalis, Ruben Blades y New Kids on the Block, entre otros, lo celebraron con nosotros.
Más de 175.000 personas llenaron el estadio esos dos días con música y esperanza.

Os pido perdón por la calidad de las imágenes, pero la emoción sigue intacta, lo prometo.
Rosa Esteban

(c) AI USA

 

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Esta entrada tiene 5 comentarios.

No se permiten más comentarios.

  1. Pedro Calvillo Serrano
    08 sep 11 23:47

    Los crímenes cometidos no prescriben dada su naturaleza, espero que la Justicia se aplique ha aquellos que aún estén con vida y los muertos como Pinochet, que quede clara su indignada para la historia de Chile y universal. Y en ese acto de justicia reluzca el nombre de los inocentes injustamente tratados, el primero el Presidente Salvador Allende.

  2. Wenu Mapu
    26 ago 11 5:33

    Fui torturada a los 9 años, en 1973,frente a mi madre y a mi madre frente a mí. Luché mucho por esta democracia,me da mucha pena decir que se sigue torturando, ahora las víctimas son los mapuche, se hacía incluso durante el gobierno de Michelle Bachelet, lo que nunca comprendí ya que ella como yo sabe lo que se siente. Sigue la impunidad, el Capitán Fernandez Dittus, el que quemó vivos a Rodrigo Denegri y a Carmen GLoria Quintana es actualmente sostenedor de un colegio, pero ahora hay una juventud sin miedo que exige sus derechos y desea cambiar la realidad desde un punto fundamental: educación.Sigo siendo considerada “rebelde” y tengo arraigo nacional y otras regalías de esta “democracia” por la que tanto luché, yo me pregunto ¿Cómo no serlo en un país que durante los últimos 36 años no ha respetado mis derechos?

  3. Toni Suárez
    25 ago 11 12:50

    Es una lástima, que determinados países, especialmente los poderosos, pongan inconvenientes a la Corte Penal Internacional, para que todas y todos los indivíduo, que aprovechan sus cargos, políticos o no, para cometer impunemente violaciones de los derechos humanos, circulen por el mundo, como un ciudadano más. ¡¡Una verdadera pena!!

  4. Acabo de ver hace unos minutos, cosas horribles
    que hicieron los secuaces de Augusto Pinochet,
    y espero que estas sean juzgados y que se investiguen el paradero de aquellas personas que se
    suponen que estén con y las que no lo están por desgracia que condenen los aquellas canalladas que hicieron con ellas.

  5. Juan Pablo
    24 ago 11 10:08

    Espero que algún día, las personas que cometieron crímenes tan abyectos sean ajusticiadas en este mundo. En la otra vida su suerte ya está echada.