La primera misión de AI en 1976 señaló el camino hacia la verdad y la justicia para los 30.000 desaparecidos de la dictadura, y la Corte Suprema lo despejó en 2005 al declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida

Argentina ‘78. Poster creado por AI Alemania con motivo de la celebración de la Copa del Mundo del Futbol del 78. Se puede leer: Futbol si - Tortura no. (c) AI Alemania

El 14 de junio de 2005 fue un día histórico para Argentina y para la causa de los derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de las leyes de Punto Final (LPF) y Obediencia Debida (LOD) aprobadas en 1986 y 1987 por el presidente Raúl Alfonsín, que pretendían institucionalizar la impunidad de las masivas violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad –incluidas ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones forzadas, torturas y tráfico de bebés– cometidos durante los gobiernos militares de 1976 a 1983. “La decisión abre el camino hacia la verdad y la justicia”, se felicitó Virginia Shoppee, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre ese país latinoamericano.

AI veía reconocidos así sus incesantes esfuerzos para que los responsables de aquellas atrocidades -las organizaciones de derechos humanos estiman el número de desaparecidos en torno a 30.000- rindieran cuentas ante los tribunales. Sus campañas contra la impunidad, que comenzaron ya en 1976 con una primera misión internacional a Argentina y su correspondiente informe, veían por fin la luz al final del túnel político-jurídico que durante años había oscurecido la búsqueda de la verdad y de la justicia. Porque no fue fácil llegar hasta ese momento histórico que venía a devolver a la ciudadanía la dignidad democrática robada y hecha trizas por la dictadura militar y sus crueles métodos.

Conferencia de prensa de AI el 4 de febrero de 1980. De izquierda a derecha: Martin Ennals, secretario general de AI, Oscar Alfredo Gonzalez y Horacia Cid de la Paz, sobrevivientes de algunos de los más famosos centros de detención secretos de la Junta. © Raoul Shade

No fue fácil en un ambiente sociopolítico enrarecido por la omnipresente y alargada sombra de las fuerzas armadas, que presionaron a las autoridades de la democracia recuperada en octubre de 1983 y que obstaculizaron cada paso hacia la verdad y justicia. Pese a fracasar su propia ley de amnistía de septiembre de 1983, que fue anulada y dejó paso al procesamiento de las juntas militares (cinco comandantes fueron condenados en 1985), consiguieron arrancar al Gobierno de Alfonsín aquellas dos leyes ‘de impunidad’, que Amnistía Internacional consideró siempre “incompatibles con el derecho internacional y la obligación de Argentina de enjuiciar y sancionar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos”.

Una mujer mira los materiales de campaña desplegados en las oficinas de AI en Londres, en 1978. Oficina de AI en Londres, 1978. (c) Chris Ware/Keystone

El presidente Carlos Menem añadió su granito de arena a ese escenario de impunidad con sendas medidas de indulto en 1989 y 1990 a militares implicados en esos abusos. Y todavía en diciembre de 2003, un informe conjunto de AI y la Comisión Internacional de Juristas tenía que recordar al Estado argentino los Pactos y Convenios Internacionales que le obligaban, no solo a “abstenerse de aplicar” ambas leyes de amnistía, sino también a “declarar su nulidad absoluta y proceder a investigar, procesar y sancionar” a los autores de las graves violaciones de derechos humanos.

En realidad, la LPF y la LOD habían sido derogadas en marzo de 1998, pero se interpretó que la medida carecía de efecto retroactivo, lo que dejaba impunes los abusos y crímenes de la dictadura… Hasta marzo de 2001, cuando el juez Gabriel Cavallo las declaró “inconstitucionales y nulas” y abrió una decisiva vía legal hacia la verdad y la justicia –su fallo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones y seguido por otros magistrados–, que fue refrendada en 2003 por las dos Cámaras del Parlamento y que culminaría en la histórica sentencia de la Corte Suprema en 2005. Además, este máximo tribunal avaló esa legislación parlamentaria que permitía reabrir decenas de causas.

Extracto de la lista de 2665 personas desaparecidas que AI publicó en 1979. © Amnesty International

Ni siquiera entonces iba a ser fácil el camino, con pasos adelante (la ministra de Defensa Nilda Garré ordenó en marzo de 2006 abrir los archivos militares para las investigaciones) seguidos de escalofríos como el de octubre siguiente, cuando AI denunció una nueva ola de amenazas y ataques contra abogados, jueces y familiares que podía hacer peligrar las causas judiciales contra presuntos violadores de derechos humanos. Pero poco a poco se fue imponiendo el impulso ciudadano de verdad y justicia,  hasta ver ‘desfilar’ por los tribunales a los principales personajes de la dictadura y la represión militares.

Primero fueron los integrantes de la tercera Junta (general Leopoldo Fortunato Galtieri, almirante Jorge Isaac Anaya y brigadier Basilio Lami Dozo) que ordenó en 1982  la ocupación de las islas Malvinas, que se saldó con una derrota bélica ante el Reino Unido y una ola de indignación popular que obligó al régimen militar a aceptar una transición democrática. Condenados a 12 años de cárcel en 1986 por “impericia y negligencia en la conducción de la guerra”, se beneficiaron del indulto de Menem de 1989.

Pero la declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida permitió acusarlos por secuestros, torturas, desapariciones y otras graves violaciones de derechos humanos. Anaya había sido director de personal naval en la Escuela de Mecánica de la Armada, el mayor centro ilegal de detención de la dictadura, y Galtieri fue arrestado como presunto responsable de la desaparición de una veintena de montoneros en los años 80; también el juez español Garzón había librado contra él una orden de detención internacional en relación a la muerte de tres españoles.

Isabel Allende, el Doctor Alfredo Bravo y el doctor Marcelo Ávila, Madres de la Plaza de Mayo, junto a cientos de personas que rodearon el Palacio de Justicia de Buenos Aires, en el lanzamiento de la campaña de AI contra la tortura en el año 2000, con una cinta que decía 'Zona Libre de Tortura'. (c) AI

Las condenas a ex militares de la dictadura argentina se han multiplicado en los últimos años. En 2008 recibieron cadena perpetua Luciano Benjamín Menéndez, que fue jefe del Ejército en Córdoba y tuvo bajo su control uno de los peores centros de tortura, y  Antonio Bussi, que fue gobernador en otro brutal escenario represivo como la provincia de Tucumán. En 2009 le fue impuesta esa misma pena a Santiago Omar Riveros, que fue comandante de Campo de Mayo, uno de los mayores centros clandestinos de detención. Y en 2010 engrosaron la lista los ex presidentes Reynaldo Bignone, que también dirigió Campo de Mayo y fue condenado a 25 años de cárcel, y Jorge Rafael Videla, que añadía otra cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad a la ya indultada por Menem.

El Informe Anual 2011 de Amnistía Internacional cifró en 110 las personas condenadas a finales del año pasado por violaciones de derechos humanos durante  los regímenes militares de 1976 a 1983, a las que se suman otras 820 procesadas. Aunque con ciertas demoras en las cortes provinciales, siguen en marcha 13 juicios.

Informe de la Misión de AI a Argentina del 6 al 15 de noviembre de 1976. Haz clic para verlo completo

Se cierra así en Argentina el círculo de la verdad y la justicia que, más allá de los vaivenes político-judiciales, se empeñó en dibujar AI desde el mismo momento del golpe militar que derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón y que implantó el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. Tras su primera misión e informe de 1976, Amnistía publicó en 1979 una lista de 2.665 personas desaparecidas, que en noviembre de 1984 sería ampliada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que catalogó 8.960 desapariciones y sugirió que la cifra verdadera era mayor. De hecho, las estimaciones más fiables de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales elevan la cifra a 30.000, incluido el medio millar de bebés –nacidos de detenidas-desaparecidas y muchas veces en partos clandestinos– víctimas de secuestro, desaparición, ocultamiento de identidad y adopciones ilegales.

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Esta entrada tiene 6 comentarios.

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  1. En Argentina tenemos otro caso de desaparicion de personas en el 2011, que se agrava por tratarse de un menor. Me refiero a Lucas Arruga, que segun cronicas periodisticas, fue visto por ultima vez en una dependencia policial de Lomas del Mirador, y nunca regreso a su casa. Es actualmente buscado por su familia.

    Cordialmente,
    EJV

  2. Carlina Caballero
    11 ago 11 8:09

    Una buena jornada a todos ,mis felicitaciones a la ardua labor de Amnistia Internacional ,siempre presta en la lucha del esclarecimiento a muchos casos de Violacion de los Derechos Humanos a nivel mundial,pienso que no es tarea facil,aun faltan casos por resolver e incluso Derechos Humanos que no se respetan,encontramos aun personas que sufren el dolor de una Discriminacion Racial,Social,Reli
    giosa y Cultural,una situacion verdaderamente injusta,porque todos vivimos dentro de un mun
    do con iguales Derechos ,es en estos momentos que el Mundo necesita mantenerse unido en una lucha donde prime la justicia y la verdad ,donde cada uno de nosotros seamos participe ,en esta dura y humana labor
    ATENTAMENTE
    Carlina Caballero
    Quito-Ecuador

  3. Mila Bravo
    10 ago 11 21:03

    España, con la llamada Ley de memoria historica ha zanjado los abusos,atropellos que se comentieron durante la dictadura de F.Franco desde 1939-1975. No olvidamos y esperamos justicia.

  4. Creo que se deben esclarecer los casos de desapariciones forzadas que ha habido en Argentina
    y otras ciudades de Centro Ámerica como Chile y Uruguay donde los militares hicieron las peores violaciones de los derechos humanos que habido
    en el mundo, eso debe esclarecese ya, porque hay
    mucha gente desaparecida y se tiene que acabar
    ya la impunidad.

  5. Lo que pasó en Argentina no debe repetirse nunca
    en ningún país incluyendo a España, refiriéndome
    al 23F, que pudo ser peor sino hubiese sido
    por la intervención del Rey que impidió que eso
    sucediera, gracias al rey hoy disfrutamos de una
    democracia, claro está que todavía hay derechos
    humanos que todavía no se acaban de respetar.

  6. Toni Suárez
    10 ago 11 12:46

    El mundo necesita -URGENTEMENTE-la verdad y la justicia, para que todos los seres humanos que habitamos en él, tengamos los mismos derechos y nadie se sienta discriminado.