El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional hacen avanzar la justicia global, aunque persiste una importante brecha por el bloqueo de los países más poderosos y sus aliados

Miembros de AI Benin, Costa de Marfil, Senegal y Togo por una Corte Penal Internacional. (c) AI 1995

El avance de la justicia internacionalestá estrechando el cerco y dejando sin refugio a los responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El principio de jurisdicción universal que permite perseguir en un país las graves violaciones de derechos humanos cometidas en cualquier otro lugar, ha ido ganando terreno y, según datos de Amnistía Internacional, está asumido ya por más de 125 países. Y también ha llegado para quedarse la Corte Penal Internacional (CPI) de 2002, creada por el Estatuto de Roma de 1998 para investigar y juzgar esas gravísimas violaciones de los derechos humanos cuando las autoridades nacionales no puedan o no quieran hacerlo.

Niños soldados en la RDC (c) AI 2003

Por eso, y aunque persiste una importante brecha en esa justicia global por el bloqueo –denunciado por AI– de los países más poderosos, a la CPI se le acumula el trabajo cuando está a punto de finalizar su primer juicio. En el banquillo se sienta Thomas Lubanga, fundador y líder de la Unión de Patriotas Congoleños, bajo la acusación de reclutar a más de 30.000 niños-soldado durante 2002 y 2003 en la República Democrática del Congo (RDC). Tras varias demoras y algunas tensiones entre el tribunal y el fiscal Luis Moreno-Ocampo, el proceso iniciado en enero de 2009 ha visto declarar ya al último testigo de la defensa y tiene previsto escuchar las conclusiones finales los próximos 25 y 26 de agosto.

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La campaña global contra la pobreza y exclusión que violan los derechos humanos, marca la quinta década de AI

La campaña Exige Dignidad en dos minutos (c) AI

Exige Dignidad”, lema de la campaña global lanzada por Amnistía Internacional en 2009, es toda una declaración de principios para su 50º aniversario. Y marca la quinta década de la organización, que amplía así sus competencias para incluir el derecho humano a no ser pobre y, por tanto, la necesidad de poner fin a la injusticia y la exclusión que atrapan a quienes las sufren en un círculo vicioso de privaciones y falta de autonomía personal y colectiva. Un círculo que se refleja con dramatismo en la mortalidad materna o  los asentamientos precarios, y que deja ver detrás del espejo la responsabilidad de muchas empresas o, en clave positiva, la necesidad de garantizar por ley ciertos derechos sociales.

Tal exigencia de dignidad humana serviría de saludo de bienvenida a Salil Shetty cuando asumió en 2010 la Secretaría General de AI en sustitución de Irene Khan. Un terreno abonado para él, que había dirigido desde 2003 la Campaña del Milenio de la ONU y que antes (1998-2003) fue director ejecutivo de ActionAid, ‘hermana mayor’ de la española Ayuda en Acción y una de las ONG para el desarrollo con más experiencia en la lucha contra la pobreza. Shetty recibía también un valioso legado, el compromiso creciente de la base de AI, cuyo número de simpatizantes, miembros y activistas superaría ya los 3 millones en 2011.

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AI ha conseguido que la abolición de la pena capital sea ya un hecho en el 70% de los países del mundo.

© Amnesty International 2010

Amnistía Internacional está ganando poco a poco la batalla contra la pena capital, que ya ha sido abolida legalmente o de hecho en el 70% de los países del mundo. Pero el 30% que se resiste a dar ese paso exige perseverar en la lucha contra esa lacra que, en palabras del Director General de Investigación y Programas Regionales de AI, Claudio Cordone, “atenta contra la dignidad humana y debería quedar sepultada en la historia del mismo modo que la esclavitud, el apartheid y otras cosas abominables”. Frente a las justificaciones de sus partidarios, ningún estudio ha podido demostrar jamás que tiene más poder disuasorio frente al crimen que otros castigos.

De los 139 países abolicionistas, 104 lo recogen en sus leyes (95 para todos los delitos y 9 solo para delitos comunes) y 35 lo asumen en la práctica. Otros 58, entre los que destacan negativamente China, Irán y Estados Unidos, mantienen la máxima pena en su legislación. En España está abolida desde 1995, cuando una Ley Orgánica la prohibió incluso en tiempo de guerra. Fue la culminación de una gran campaña de Amnistía Internacional que fue ‘escalando’ desde los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos hasta ‘convencer’ al Congreso y al Senado. Pero AI insiste en la necesidad de cerrar el resquicio constitucional del artículo 15, que la abolía “salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”, y aboga por eliminar esa mención o prohibir expresamente en la Carta Magna su aplicación.

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A Amnistía Internacional, quienes violan los derechos humanos le han dicho de todo menos bonita.

Y en algunos casos con fiereza, hasta conformar una auténtica antología del insulto y la descalificación. Las críticas suelen compartir varios clichés –las denuncias de AI son “mentiras” o “verdades a medias”, forman parte de una “campaña contra nuestro país” y pecan de “parcialidad”–, y acaban sazonándose con ‘argumentos’ rotundos del estilo de “agente del imperialismo”, “filomarxista” o “prosionista”.

La organización paga así el precio por mantener su absoluta independencia, no solo “de todo gobierno, partido político, ideología, interés económico o credo religioso”, sino también financiera, ya que se apoya casi exclusivamente en las “suscripciones y donaciones de sus afiliados en todo el mundo”.

Amnistía Internacional Bélgica entregó un árbol de Navidad en la Embajada de México en Bruselas, el 24 de diciembre de 1981. El mensaje adjunto decía "A Su excelencia el Embajador de México: en la noche de Navidad, piense en sus compatriotas que "desaparecieron", algunos de ellos durante años. Y también en sus familias. Nosotros le rogamos: encuentre a los "desaparecidos". Amnistía Internacional. (c) Amnistía Internacional

La galería de ‘ofendidos’ es casi tan amplia como la de violadores de los derechos humanos denunciados por Amnistía Internacional. Pero no faltará quien rice el rizo descalificador, como hacía en 1982 la revista mexicana ‘Hoy’ al describir a la vez a AI como “punta de laza del comunismo” y como “copia variada de una negra organización que antaño se llamaba Juventudes Hitlerianas”, antes de declararse apenado “por los que reciben dinero, premios y becas pagados por Amnistía Internacional con rublos manchados de sangre y podredumbre”. A su juicio, la organización era parcial porque exigía la libertad de presos políticos, “pero solo si son chilenos,haitianos o argentinos”.

En los últimos años, el tono de las críticas a AI tiende a ser menos furibundo, y la argumentación, más calculada. Así sucede, por ejemplo, en Estados Unidos a propósito de Guantánamo y los centros de detención en el extranjero. Por un lado, con reproches escalonados a la organización –por “no decir la verdad”, según Bush; por haber “perdido la objetividad”, según Rumsfeld; o por su “informe absolutamente irresponsable”, según el general Myers–, Y por otro, con salidas por peteneras como la del portavoz de la Casa Blanca en 2004, McClellan, que responde a la acusación de Amnistía de que la “guerra contra el terror” ha hecho el mundo más peligroso, declarando que “No admitimos las críticas de Amnistía Internacional, ya que Estados Unidos es un destacado defensor de la protección de los derechos humanos y continuaremos siéndolo (…) La guerra contra el terrorismo ha tenido como resultado la liberación de 50 millones de personas en Afganistán e Irak, así como la protección de sus derechos”.

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