El ucraniano Myroslav Marynovich y el moldavo Slava Aidov, dos símbolos del exitoso apoyo de AI a los presos de conciencia en la antigua URSS

Manifestación de AI Alemania contra los abusos psiquiátricos en la URSS, 1985. © AI

Informe de AI publicado en 1975 sobre presos de conciencia en la URSS

El presidente de la Asociación de Abogados Soviéticos -y a la vez de la Corte Suprema-, Lev Smirnov, no se anduvo con chiquitas en 1975 al descalificar el informe de Amnistía Internacional sobre los “Presos de conciencia en la URSS: Su tratamiento y condiciones”. Una “vulgar falsificación y difamación sobre la realidad soviética y la legimitimidad socialista”, le escribió al entonces secretario general de AI, Martin Ennals. Y todo porque la organización de derechos humanos había llegado a la conclusión de que las condiciones de detención de los disidentes políticos y religiosos “en las cárceles, colonias de trabajo correccional y hospitales psiquiátricos están por debajo de los estándares internacionales y nacionales” suscritos por la Unión Soviética.

Muchos eran los datos recogidos por Amnistía que avalaban ese balance crítico. En los campos de trabajo, por ejemplo, las raciones escasas de comida, el descuido en la atención médica, las deficientes condiciones de trabajo, las “clases reeducativas” forzosas, el predominante “acento punitivo” y la falta de un auténtico derecho de queja. Y en los hospitales psiquiátricos, la práctica privación de derechos sanitarios y legales, la complicidad médica en los diagnósticos más políticos que sanitarios contra los disidentes, el control más policial –por Interior y el KGB- que médico de los centros, la condición de estos más cercana a una prisión que a una institución de tratamiento y la utilización de delincuentes como sanitarios sin formación adecuada y con hábitos autoritarios y maltratadores.

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Condenado a casi 11 años de cárcel, el disidente Wolfgang Welsch logró su excarcelación tras ser adoptado por el grupo de Leeds de AI

Imágenes de la caída del muro de Berlín © ITNSource

Carta enviada por el grupo de AI Leeds notificando la puesta en libertad de Welsch. © AI

Con gran alegría, informamos de que el preso de Alemania Oriental que habíamos adoptado, Wolfgang Welsch, ha sido puesto en libertad. (…) Nuestro grupo quisiera adoptar ahora a otro preso”. Estas líneas escritas en 1971 por el grupo de Leeds de Amnistía Internacional resumen bien el espíritu solidario y luchador de la organización de derechos humanos y la eficacia de su trabajo en todo el mundo, incluida aquella República Democrática Alemana (RDA) que emergió tras consumarse en 1949 la partición germana.

El caso del poeta y actor Welsch es una de las historias de éxito que marcan el 50º aniversario de AI. Encarcelado con apenas 20 años en 1964 tras intentar emigrar ilegalmente del país, su pena inicial de año y medio de prisión se alargaría hasta casi 11 años con dos nuevas condenas en 1966-67 por severa “incitación hostil” contra el Estado, un difuso cargo penal que pretendía perseguir cualquier intento opositor de “dañar el orden socialista”. Amnistía, que considera presos de conciencia a los condenados por ejercer un derecho humano básico como la libertad de movimiento, recordaría también que Welsch se limitó a expresar sus discrepantes opiniones por vías artísticas como la poesía o un documental cinematográfico.

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Aung San Suu Kyi, Nobel de la Paz y ‘Embajadora de Conciencia’ de AI, simboliza la resistencia democrática a un régimen castrense que ahora se disfraza con una “parodia de elecciones”

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La excarcelación del preso de conciencia Bienvenido Samba Momesori, solo un paréntesis en las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial

Bienvenido Samba Momesori

Bienvenido Samba Momesori, octubre de 2006. (c) Particular

Cuando fue excarcelado el 7 de junio de 2008 junto a otras 13 personas en Guinea Ecuatorial, el reverendo protestante Bienvenido Samba Momesori llevaba casi cinco años en prisión, sin cargos ni juicio. Como a muchos otros en su situación, Amnistía Internacional lo había adoptado como preso de conciencia y había multiplicado desde su detención, el 26 de octubre de 2003, las acciones y llamamientos para que se garantizara su seguridad y trato humano y para que se le liberara “de inmediato y sin condiciones a menos que vayan a acusarlo de un delito común claro y reconocible”.

Jamás hubo acusación formal, y el rigor jurídico y legal brilló por su ausencia, incluso en los detalles: los 14 presos de conciencia formaban parte de una lista de 37 personas indultadas por el general y presidente Teodoro Obiang Nguema en su 66º cumpleaños en la que figuraban al menos nueve personas ya liberadas en 2003 y 2006. Otra irregularidad denunciada por AI fue el confinamiento de todos los excarcelados en sus pueblos de origen -las autoridades penitenciarias les prohibieron salir de allí sin autorización-, cuando la mayoría ya residía en otros lugares desde años antes de su detención.

Lo que sí hubo fueron serias denuncias de torturas, que Amnistía reclamó que se investigaran a fondo para procesar a los responsables. AI recordó cómo los otros 13 presos de conciencia indultados junto a Samba, que pertenecían al partido político ilegal Frente Demócrata Republicano (FDR), habían sido “brutalmente torturados” tras su detención en marzo de 2002, sometidos a un “proceso gravemente injusto” en mayo-junio y condenados a 20 años de cárcel por intentar matar al presidente y derrocar al Gobierno. Uno de ellos, Felipe Ondo Obiang, ni siquiera tuvo el debido proceso y fue encarcelado en Evinayong “en condiciones que equivalen a tortura”, en régimen de aislamiento durante meses y con una pierna encadenada a la pared de la celda.

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