A veces incomprendido y solitario, el esfuerzo "riguroso y sostenido" de Amnistía permitió sacar a la luz graves abusos oficiales y mejorar las garantías legales y judiciales

A propósito del incansable trabajo de Amnistía Internacional para denunciar las violaciones de derechos humanos en Irlanda del Norte, Jonathan Power escribía en “Como agua en la piedra” (2001), su espléndida historia de los primeros 40 años de Amnistía Internacional, que AI “tuvo más éxito en países extranjeros que en el patio de su casa”. Pero lo apuntaba más en clave política -”no puede decirse que Amnistía haya alterado profundamente, o ralentizado, la dirección del conflicto”– que en su ámbito de derechos humanos, donde sí podía hablarse de importantes avances y “mejoras paso a paso”.

Máxime cuando el propio Power subrayaba que tal esfuerzo “ha sido riguroso y sostenido” y acometido casi “en solitario”, sin gran respaldo de los medios de comunicación y con apenas “un modesto apoyo del poder judicial y del Parlamento británicos”. Después de tres décadas de conflicto norirlandés, remachaba, Gobiernos laboristas y conservadores “salen con un historial embarrado”.

Report of an inquiry into allegations of ill-treatment in Northern Ireland 1972 © Amnesty international

Amnistía ejerció desde el principio de notaria de las irregularidades legales y judiciales. La implantación del internamiento o detención sin juicio en agosto de 1971 motivó enseguida denuncias periodísticas de brutalidad policial, que dieron lugar a un comité de investigación cuyo Informe Compton reconocía malos tratos físicos, pero no brutalidad. AI lo consideró insuficiente por no contemplar los testimonios de las víctimas, y se adelantó a las conclusiones oficiales con la creación de una Comisión Internacional de Investigación sobre las denuncias de torturas en Irlanda del Norte que sí recogió esos relatos en primera persona.

Ni autoridades ni fuerzas de seguridad cooperaron, pero la Comisión evidenció “formas de tortura” como obligar a permanecer de pie ante la pared durante horas y hasta días enteros al detenido, “agotado progresivamente y sacado literalmente de quicio al ser sometido a ruido continuo y ser privado de alimento, sueño e incluso de luz”. Estas acusaciones llevarían al Gobierno conservador de Edward Heath a prohibir esas técnicas de interrogatorio, aunque ello no impidió que, tras una denuncia de Dublín, la Comisión Europea de Derechos Humanos condenara a Londres por “trato inhumano y degradante”.

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Pese a los avances para prevenir la tortura, siguen preocupando los malos tratos, y la falta de reparación a las víctimas

La policía ataca a un manifestante en Madrid, 22 de mayo de 2006 © Eduardo León

En España no existe una práctica sistemática de tortura y otros malos tratos por parte de agentes policiales, pero tampoco puede hablarse de casos aislados. Así lo ha subrayado en los últimos años Amnistía Internacional, que, aun reconociendo avances, advierte de que nuestro país mantiene “uno de los regímenes de detención más severos de toda la Unión Europea“, que en sí mismo puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante. Además, se siguen aplicando “criterios raciales” en los controles policiales, que se traducen en detenciones ilegales y maltrato a personas extranjeras. Y todo ello en un contexto de amplia impunidad para los responsables de tales abusos y de falta de reparación efectiva a sus víctimas.

Ante las reiteradas denuncias por maltrato contra agentes de las fuerzas de seguridad nacionales, autonómicos y locales encargados de hacer cumplir la ley, AI ha investigado el problema en la última década desde distintas perspectivas. En 2002, el informe de AI “España: Crisis de identidad, torturas y malos tratos de índole racista a manos de agentes del Estado“, que documentaba más de 320 casos con policías implicados en malos tratos a personas extranjeras. La investigación denunciaba la consideración del “origen étnico y racial como indicador de delincuencia” y los controles sistemáticos y discriminatorios a personas negras y de minorías étnicas como sospechosas de delitos o de no tener en regla la documentación.

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El caso Wilson centró la atención en un “problema nacional” que discrimina a grupos vulnerables y no repara en técnicas peligrosas para la vida humana

Not a punch
El ex boxeador Muhammad Ali con la campaña contra el uso de cinturones de electrochoque paralizantes. Este spot fue producido para acompañar el informe Estados Unidos de América: del control a la crueldad. El uso del cinturón paralizante y otros dispositivos de electrochoque por los agentes de la ley. © AIUSA 1999

Jarrel Gray de 20 años, murió en noviembre de 2007 como consecuencia de las heridas infligidas en el pecho por un arma Taser, por el Sheriff del Condado de Frederick, Maryland, USA. © Particular

La brutalidad policial en Estados Unidos, y su frecuente perfil discriminatorio y racista, han sido motivo de preocupación permanente para Amnistía Internacional, que no ha cesado de denunciar tales abusos, exigir responsabilidades y reclamar medidas para prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y aunque se ha avanzado mucho, la tarea sigue siendo ingente, como ha quedado demostrado en el Informe 2011 de AI con la constatación de al menos 55 muertes en el año anterior “por descargas de armas Taser a manos de la policía” estadounidense.

La mayoría de víctimas estaban desarmadas“, añadía Amnistía antes de subrayar que los 50.000 voltios de esas pistolas paralizantes de electrochoque inmovilizan, incapacitan y pueden infligir dolor severo a la persona afectada. Y como no dejan marcas relevantes, precisaba AI en un informe sobre el tema, pueden convertirse “en un instrumento muy peligroso susceptible de ser utilizado para torturar y maltratar”.

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AI recuerda que la mayoría de víctimas aún espera "reconocimiento, reparación y justicia" y considera que el país "necesita mirar al futuro enfrentándose a su pasado". También aboga por la protección de los derechos humanos y la efectividad policial y judicial para acabar con la actual inseguridad y las mafias

Madre e hijo caminan entre las marcas policiales en la escena de un tiroteo cerza de Zacapa, Guatemala. 23 de septiembre de 2010. (c) REUTERS/Daniel Leclair

Después de un prolongado conflicto armado interno (1960-1996) que dejó más de 200.000 muertes y 50.000 ‘desapariciones’, Guatemala sigue envuelta en un grave clima de violencia que ahora tiene perfiles de inseguridad callejera, mafias agresivas y violaciones de los derechos humanos. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo cifra en 6.000 los homicidios anuales, con una tasa de 47 por 100.000 habitantes (108 en la capital) que desborda brutalmente el nivel de “epidemia de violencia” fijado por la Organización Mundial de la Salud en 10 crímenes por 100.000 habitantes.

Ni Proteccion Ni Justicia – Homicidios de Mujeres en Guatemala
Documental realizado por AI Holanda (en castellano) en 2005, sobre el feminicidio en Guatemala

Tras constatar que “las personas más vulnerables de la sociedad” siguen viendo violados sus derechos humanos, Amnistía Internacional instó a los candidatos de las elecciones presidenciales que se decidirán en la segunda vuelta de noviembre, a que “se comprometan a priorizar el respeto, el fomento y la protección” plena de esos derechos. Una demanda que comprenden a la perfección las mujeres y niñas discriminadas y asesinadas (717 en 2009 y 695 en 2010 a pesar de la Ley contra el Femicidio de 2008), el campesinado indígena desalojado a la fuerza de sus tierras o las defensoras y defensores de derechos humanos que sufren amenazas y ataques. Ni la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú se ha librado de la represión.

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La justicia española asume su competencia sobre crímenes contra el derecho internacional en otros países, pero se abstiene de investigar los cometidos en el propio. AI considera insólito juzgar a un magistrado por buscar la verdad, justicia y reparación para más de 100.000 'desaparecidos', víctimas de un delito imprescriptible

¿Dónde están los derechos de miles de víctimas de desaparición forzada?“, se preguntaba Amnistía Internacional ante el procesamiento por presunta prevaricación de Baltasar Garzón, “el único juez que ha intentado dar respuesta a víctimas y familias” de ese crimen contra el derecho internacional que no solo “es imprescriptible” y “no  amnistiable”, sino que “entorpecer su investigación es un delito”. La organización consideraba “insólito que un magistrado pueda ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación para más de 100.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista”.

Exhumación de una fosa a los pies de un árbol, en Villalba de Duero, en la <em>carretera del campo de aviación</em>. Se encontraron 7 cadáveres, uno de ellos de una persona menor de edad. Los trabajos fueron dirigidos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y por la Sociedad Aranzadi. (c) Iñaki Hernando 2010

Al rechazar la invocación de la Ley de Amnistía 46/1977 para justificar ese proceso sin precedentes –un auténtico ‘aviso’ disuasor a otros jueces en cualquier país–, AI recordaba que en el derecho internacional “los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción”, y que “el Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigarlos y poner fin a la impunidad” de sus responsables. Y subrayaba también la terrible paradoja de que “los tribunales españoles hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina”, sin aceptar la validez de leyes de amnistía o medidas de perdón, y en cambio “se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país”.

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