A veces incomprendido y solitario, el esfuerzo "riguroso y sostenido" de Amnistía permitió sacar a la luz graves abusos oficiales y mejorar las garantías legales y judiciales

A propósito del incansable trabajo de Amnistía Internacional para denunciar las violaciones de derechos humanos en Irlanda del Norte, Jonathan Power escribía en “Como agua en la piedra” (2001), su espléndida historia de los primeros 40 años de Amnistía Internacional, que AI “tuvo más éxito en países extranjeros que en el patio de su casa”. Pero lo apuntaba más en clave política -”no puede decirse que Amnistía haya alterado profundamente, o ralentizado, la dirección del conflicto”– que en su ámbito de derechos humanos, donde sí podía hablarse de importantes avances y “mejoras paso a paso”.

Máxime cuando el propio Power subrayaba que tal esfuerzo “ha sido riguroso y sostenido” y acometido casi “en solitario”, sin gran respaldo de los medios de comunicación y con apenas “un modesto apoyo del poder judicial y del Parlamento británicos”. Después de tres décadas de conflicto norirlandés, remachaba, Gobiernos laboristas y conservadores “salen con un historial embarrado”.

Report of an inquiry into allegations of ill-treatment in Northern Ireland 1972 © Amnesty international

Amnistía ejerció desde el principio de notaria de las irregularidades legales y judiciales. La implantación del internamiento o detención sin juicio en agosto de 1971 motivó enseguida denuncias periodísticas de brutalidad policial, que dieron lugar a un comité de investigación cuyo Informe Compton reconocía malos tratos físicos, pero no brutalidad. AI lo consideró insuficiente por no contemplar los testimonios de las víctimas, y se adelantó a las conclusiones oficiales con la creación de una Comisión Internacional de Investigación sobre las denuncias de torturas en Irlanda del Norte que sí recogió esos relatos en primera persona.

Ni autoridades ni fuerzas de seguridad cooperaron, pero la Comisión evidenció “formas de tortura” como obligar a permanecer de pie ante la pared durante horas y hasta días enteros al detenido, “agotado progresivamente y sacado literalmente de quicio al ser sometido a ruido continuo y ser privado de alimento, sueño e incluso de luz”. Estas acusaciones llevarían al Gobierno conservador de Edward Heath a prohibir esas técnicas de interrogatorio, aunque ello no impidió que, tras una denuncia de Dublín, la Comisión Europea de Derechos Humanos condenara a Londres por “trato inhumano y degradante”.

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Pese a los avances para prevenir la tortura, siguen preocupando los malos tratos, y la falta de reparación a las víctimas

La policía ataca a un manifestante en Madrid, 22 de mayo de 2006 © Eduardo León

En España no existe una práctica sistemática de tortura y otros malos tratos por parte de agentes policiales, pero tampoco puede hablarse de casos aislados. Así lo ha subrayado en los últimos años Amnistía Internacional, que, aun reconociendo avances, advierte de que nuestro país mantiene “uno de los regímenes de detención más severos de toda la Unión Europea“, que en sí mismo puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante. Además, se siguen aplicando “criterios raciales” en los controles policiales, que se traducen en detenciones ilegales y maltrato a personas extranjeras. Y todo ello en un contexto de amplia impunidad para los responsables de tales abusos y de falta de reparación efectiva a sus víctimas.

Ante las reiteradas denuncias por maltrato contra agentes de las fuerzas de seguridad nacionales, autonómicos y locales encargados de hacer cumplir la ley, AI ha investigado el problema en la última década desde distintas perspectivas. En 2002, el informe de AI “España: Crisis de identidad, torturas y malos tratos de índole racista a manos de agentes del Estado“, que documentaba más de 320 casos con policías implicados en malos tratos a personas extranjeras. La investigación denunciaba la consideración del “origen étnico y racial como indicador de delincuencia” y los controles sistemáticos y discriminatorios a personas negras y de minorías étnicas como sospechosas de delitos o de no tener en regla la documentación.

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Valdenia Paulino, que fue acogida en el programa de protección de defensores de AI-España, considera los derechos humanos "el punto de partida para superar la pobreza"

Valdenia Paulino, favelas de Joao Pessoa, Brasil © Sofía Moro 2010

Las palabras de Valdenia Aparecida Paulino, abogada brasileña y defensora de los derechos humanos en las favelas de este país, no tienen desperdicio: “Los derechos humanos son el pasaporte de quienes viven en la pobreza para ser reconocidos como seres humanos y ciudadanos“, porque tener conciencia de ellos “es el punto de partida para superar la pobreza”. Y cuando las personas lo hacen, “descubren que son los protagonistas de su propio desarrollo y dejan de contentarse con las sobras que dejan otros. Empiezan a participar en el proceso político, a exigir sus derechos y a hacer que quienes están en el poder rindan cuentas”.

Ella pone especial énfasis cuando repite esa filosofía ‘en femenino’, porque las mujeres y sus derechos han sido su ley de vida desde que, ya de niña, fue “testigo en Sao Paulo del hambre, la muerte, el trabajo infantil y la violencia institucional, en particular del uso arbitrario de la fuerza policial en las favelas; de la discriminación racial y social; de la indiferencia de las autoridades”. Eso la llevó a querer “hacer algo”. Y pronto se puso a la tarea. Con apenas 14 años colaboraba en la alfabetización infantil en los barrios marginales. Con 18 organizó una casa para chicas que intentaban dejar la prostitución. Además, esas y otras iniciativas “se llevaron a cabo en las favelas, gracias al valor y la creatividad de sus habitantes”.

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El caso Wilson centró la atención en un “problema nacional” que discrimina a grupos vulnerables y no repara en técnicas peligrosas para la vida humana

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El ex boxeador Muhammad Ali con la campaña contra el uso de cinturones de electrochoque paralizantes. Este spot fue producido para acompañar el informe Estados Unidos de América: del control a la crueldad. El uso del cinturón paralizante y otros dispositivos de electrochoque por los agentes de la ley. © AIUSA 1999

Jarrel Gray de 20 años, murió en noviembre de 2007 como consecuencia de las heridas infligidas en el pecho por un arma Taser, por el Sheriff del Condado de Frederick, Maryland, USA. © Particular

La brutalidad policial en Estados Unidos, y su frecuente perfil discriminatorio y racista, han sido motivo de preocupación permanente para Amnistía Internacional, que no ha cesado de denunciar tales abusos, exigir responsabilidades y reclamar medidas para prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y aunque se ha avanzado mucho, la tarea sigue siendo ingente, como ha quedado demostrado en el Informe 2011 de AI con la constatación de al menos 55 muertes en el año anterior “por descargas de armas Taser a manos de la policía” estadounidense.

La mayoría de víctimas estaban desarmadas“, añadía Amnistía antes de subrayar que los 50.000 voltios de esas pistolas paralizantes de electrochoque inmovilizan, incapacitan y pueden infligir dolor severo a la persona afectada. Y como no dejan marcas relevantes, precisaba AI en un informe sobre el tema, pueden convertirse “en un instrumento muy peligroso susceptible de ser utilizado para torturar y maltratar”.

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