Pese a los avances para prevenir la tortura, siguen preocupando los malos tratos, y la falta de reparación a las víctimas

La policía ataca a un manifestante en Madrid, 22 de mayo de 2006 © Eduardo León

En España no existe una práctica sistemática de tortura y otros malos tratos por parte de agentes policiales, pero tampoco puede hablarse de casos aislados. Así lo ha subrayado en los últimos años Amnistía Internacional, que, aun reconociendo avances, advierte de que nuestro país mantiene “uno de los regímenes de detención más severos de toda la Unión Europea“, que en sí mismo puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante. Además, se siguen aplicando “criterios raciales” en los controles policiales, que se traducen en detenciones ilegales y maltrato a personas extranjeras. Y todo ello en un contexto de amplia impunidad para los responsables de tales abusos y de falta de reparación efectiva a sus víctimas.

Ante las reiteradas denuncias por maltrato contra agentes de las fuerzas de seguridad nacionales, autonómicos y locales encargados de hacer cumplir la ley, AI ha investigado el problema en la última década desde distintas perspectivas. En 2002, el informe de AI “España: Crisis de identidad, torturas y malos tratos de índole racista a manos de agentes del Estado“, que documentaba más de 320 casos con policías implicados en malos tratos a personas extranjeras. La investigación denunciaba la consideración del “origen étnico y racial como indicador de delincuencia” y los controles sistemáticos y discriminatorios a personas negras y de minorías étnicas como sospechosas de delitos o de no tener en regla la documentación.

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La justicia española asume su competencia sobre crímenes contra el derecho internacional en otros países, pero se abstiene de investigar los cometidos en el propio. AI considera insólito juzgar a un magistrado por buscar la verdad, justicia y reparación para más de 100.000 'desaparecidos', víctimas de un delito imprescriptible

“¿Dónde están los derechos de miles de víctimas de desaparición forzada?“, se preguntaba Amnistía Internacional ante el procesamiento por presunta prevaricación de Baltasar Garzón, “el único juez que ha intentado dar respuesta a víctimas y familias” de ese crimen contra el derecho internacional que no solo “es imprescriptible” y “no  amnistiable”, sino que “entorpecer su investigación es un delito”. La organización consideraba “insólito que un magistrado pueda ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación para más de 100.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista”.

Exhumación de una fosa a los pies de un árbol, en Villalba de Duero, en la <em>carretera del campo de aviación</em>. Se encontraron 7 cadáveres, uno de ellos de una persona menor de edad. Los trabajos fueron dirigidos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y por la Sociedad Aranzadi. (c) Iñaki Hernando 2010

Al rechazar la invocación de la Ley de Amnistía 46/1977 para justificar ese proceso sin precedentes –un auténtico ‘aviso’ disuasor a otros jueces en cualquier país–, AI recordaba que en el derecho internacional “los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción”, y que “el Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigarlos y poner fin a la impunidad” de sus responsables. Y subrayaba también la terrible paradoja de que “los tribunales españoles hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina”, sin aceptar la validez de leyes de amnistía o medidas de perdón, y en cambio “se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país”.

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La campaña global contra la pobreza y exclusión que violan los derechos humanos, marca la quinta década de AI

“Exige Dignidad”, lema de la campaña global lanzada por Amnistía Internacional en 2009, es toda una declaración de principios para su 50º aniversario. Y marca la quinta década de la organización, que amplía así sus competencias para incluir el derecho humano a no ser pobre y, por tanto, la necesidad de poner fin a la injusticia y la exclusión que atrapan a quienes las sufren en un círculo vicioso de privaciones y falta de autonomía personal y colectiva. Un círculo que se refleja con dramatismo en la mortalidad materna o  los asentamientos precarios, y que deja ver detrás del espejo la responsabilidad de muchas empresas o, en clave positiva, la necesidad de garantizar por ley ciertos derechos sociales.

Tal exigencia de dignidad humana serviría de saludo de bienvenida a Salil Shetty cuando asumió en 2010 la Secretaría General de AI en sustitución de Irene Khan. Un terreno abonado para él, que había dirigido desde 2003 la Campaña del Milenio de la ONU y que antes (1998-2003) fue director ejecutivo de ActionAid, ‘hermana mayor’ de la española Ayuda en Acción y una de las ONG para el desarrollo con más experiencia en la lucha contra la pobreza. Shetty recibía también un valioso legado, el compromiso creciente de la base de AI, cuyo número de simpatizantes, miembros y activistas superaría ya los 3 millones en 2011.

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Las dos primeras décadas de AI, marcadas por la expansión (250.000 seguidores en 151 países), nuevas formas de lucha y el Nobel de la Paz

Dos décadas después del artículo de Peter Benenson sobre “Los presos olvidados” que lanzaría la campaña “Llamamiento por la Amnistía 1961” y sería la génesis de Amnistía Internacional, la organización de derechos humanos superaba ya las 250.000 personas activistas en 151 países. Todo un éxito de movilización ciudadana por una causa justa, cuyos logros concretos en la lucha contra la pena de muerte y la tortura y a favor de los presos y presas de conciencia, tendrían su máximo reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz de 1977 por “afianzar el terreno para la libertad, para la justicia y, con ello, también para la paz en el mundo”.

Carta de Nelson Mandela agradeciendo a Louis Blom-Cooper, investigador de AI, su presencia en el juicio en 1962. (c) particular

Desde que en Londres se encendió por primera vez la emblemática vela de AI que simboliza la esperanza de iluminar los oscuros lugares donde se abusa con impunidad contra los derechos humanos, aquel movimiento iba a implicar a cada vez más personas trabajando juntas para ayudar a otras personas en peligro. Traduciendo en acción el inspirador proverbio de que “es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad”, el pequeño grupo de voluntarios encabezado por el propio Benenson se iría multiplicando por todo el mundo. El primer impulso sirvió para crear 14 Secciones nacionales en apenas dos años; en 1980 eran ya 39, con 2.200 grupos de activistas organizados.

Carátula del informe sobre Condiciones Penitenciarias en Rumania, 1965. (c) AI

Carátula del informe sobre Condiciones Penitenciarias en Portugal, 1965. (c) AI

Carátula del informe sobre Condiciones Penitenciarias en Sudáfrica, 1995. (c) AI

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AI ha conseguido que la abolición de la pena capital sea ya un hecho en el 70% de los países del mundo.

Amnistía Internacional está ganando poco a poco la batalla contra la pena capital, que ya ha sido abolida legalmente o de hecho en el 70% de los países del mundo. Pero el 30% que se resiste a dar ese paso exige perseverar en la lucha contra esa lacra que, en palabras del Director General de Investigación y Programas Regionales de AI, Claudio Cordone, “atenta contra la dignidad humana y debería quedar sepultada en la historia del mismo modo que la esclavitud, el apartheid y otras cosas abominables”. Frente a las justificaciones de sus partidarios, ningún estudio ha podido demostrar jamás que tiene más poder disuasorio frente al crimen que otros castigos.

De los 139 países abolicionistas, 104 lo recogen en sus leyes (95 para todos los delitos y 9 solo para delitos comunes) y 35 lo asumen en la práctica. Otros 58, entre los que destacan negativamente China, Irán y Estados Unidos, mantienen la máxima pena en su legislación. En España está abolida desde 1995, cuando una Ley Orgánica la prohibió incluso en tiempo de guerra. Fue la culminación de una gran campaña de Amnistía Internacional que fue ‘escalando’ desde los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos hasta ‘convencer’ al Congreso y al Senado. Pero AI insiste en la necesidad de cerrar el resquicio constitucional del artículo 15, que la abolía “salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”, y aboga por eliminar esa mención o prohibir expresamente en la Carta Magna su aplicación.

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