El apoyo de AI a las protestas indígenas logra detener en la India un doble proyecto empresarial (de extracción minera y ampliación de una refinería de aluminio), cuyo grave impacto ambiental y humano amenazaba a la comunidad Dongria Kondh

©Amnesty International 2010

Los gobiernos son responsables de proteger los derechos humanos, pero también lo son las empresas. Y por tanto, como subraya Amnistía Internacional, también ellas deben rendir cuentas de sus actividades y de su impacto sobre la ciudadanía. Esa precisión, avalada por especialistas como John Ruggie, representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, viene a cuento de una de las historias de éxito que han jalonado los 50 años de AI. Su escenario, el Estado indio de Orissa, y en concreto las colinas de Niyamgiri y su entorno, donde viven la comunidad indígena Dongria Kondh, integrada por 9.000 personas y amenazada de extinción.

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Cortometraje creado por Amnistía Internacional Reino Unido sobre las prácticas perjudiciales de la Shell Oil en el delta del Níger. © AI

Para ellos, petróleo no es más que triste y cruda realidad desde hace años: sinónimo de desplazamiento, de destrucción y muerte. Allí, en lo que llaman Ogoniland, se vierte desde la red de tuberías, terminales, estaciones de bombeo y plataformas, constantemente, cual Exxon Valdés empujado a la puerta de tu casa, en una de las peores catástrofes ecológicas de este mundo… y más ignoradas: a ojos occidentales no existe. Aquello no es la costa de Florida, ni dice palabra el presidente Obama.

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La campaña global contra la pobreza y exclusión que violan los derechos humanos, marca la quinta década de AI

La campaña Exige Dignidad en dos minutos (c) AI

Exige Dignidad”, lema de la campaña global lanzada por Amnistía Internacional en 2009, es toda una declaración de principios para su 50º aniversario. Y marca la quinta década de la organización, que amplía así sus competencias para incluir el derecho humano a no ser pobre y, por tanto, la necesidad de poner fin a la injusticia y la exclusión que atrapan a quienes las sufren en un círculo vicioso de privaciones y falta de autonomía personal y colectiva. Un círculo que se refleja con dramatismo en la mortalidad materna o  los asentamientos precarios, y que deja ver detrás del espejo la responsabilidad de muchas empresas o, en clave positiva, la necesidad de garantizar por ley ciertos derechos sociales.

Tal exigencia de dignidad humana serviría de saludo de bienvenida a Salil Shetty cuando asumió en 2010 la Secretaría General de AI en sustitución de Irene Khan. Un terreno abonado para él, que había dirigido desde 2003 la Campaña del Milenio de la ONU y que antes (1998-2003) fue director ejecutivo de ActionAid, ‘hermana mayor’ de la española Ayuda en Acción y una de las ONG para el desarrollo con más experiencia en la lucha contra la pobreza. Shetty recibía también un valioso legado, el compromiso creciente de la base de AI, cuyo número de simpatizantes, miembros y activistas superaría ya los 3 millones en 2011.

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