La campaña global contra la pobreza y exclusión que violan los derechos humanos, marca la quinta década de AI

La campaña Exige Dignidad en dos minutos (c) AI

Exige Dignidad”, lema de la campaña global lanzada por Amnistía Internacional en 2009, es toda una declaración de principios para su 50º aniversario. Y marca la quinta década de la organización, que amplía así sus competencias para incluir el derecho humano a no ser pobre y, por tanto, la necesidad de poner fin a la injusticia y la exclusión que atrapan a quienes las sufren en un círculo vicioso de privaciones y falta de autonomía personal y colectiva. Un círculo que se refleja con dramatismo en la mortalidad materna o  los asentamientos precarios, y que deja ver detrás del espejo la responsabilidad de muchas empresas o, en clave positiva, la necesidad de garantizar por ley ciertos derechos sociales.

Tal exigencia de dignidad humana serviría de saludo de bienvenida a Salil Shetty cuando asumió en 2010 la Secretaría General de AI en sustitución de Irene Khan. Un terreno abonado para él, que había dirigido desde 2003 la Campaña del Milenio de la ONU y que antes (1998-2003) fue director ejecutivo de ActionAid, ‘hermana mayor’ de la española Ayuda en Acción y una de las ONG para el desarrollo con más experiencia en la lucha contra la pobreza. Shetty recibía también un valioso legado, el compromiso creciente de la base de AI, cuyo número de simpatizantes, miembros y activistas superaría ya los 3 millones en 2011.

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Guantánamo, telón de fondo de la campaña de AI "Seguridad con Derechos Humanos", que rechaza detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas y exige rendir cuentas por esos abusos.

Spot producido por AI UK como parte de una campaña contra el programa de detención e interrogatorios de la CIA que contraviene el artículo 3 de la Convención de Ginebra que prohibe expresamente el trato inhumano y degradante a los prisioneros de guerra. En este video se muestra la técnica denominada “waterboarding”, simulación de ahogamiento.

La llamada “guerra contra el terror” está siendo terrorífica para los derechos humanos. La respuesta del Gobierno de Estados Unidos a los atentados del 11 de septiembre de 2001, simbolizada en la ocupación militar de Afganistán y en las ‘jaulas carcelarias’ de la base de Guantánamo, ha dado lugar a una inagotable galería de abusos y violaciones del derecho internacional. Con la doble excusa de la lucha contra el terrorismo y la amenaza a la seguridad nacional –y muchas veces con la complicidad de sus aliados en Europa y otras partes del mundo–, Washington y sus fuerzas militares y de inteligencia han llevado a cabo detenciones ilegales y desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos, traslados de presos a otros países y retenciones en cárceles secretas.

Entrevista con Louise Christian, abogada de derechos humanos, en febrero de 2006. “Los políticos no han entendido la importancia de las libertades civiles”. (c) AI

En estos casi diez años, protesta Amnistía Internacional, dirigentes de todo el mundo han actuado “por encima del derecho internacional” y “como si en la lucha contra el terrorismo valiese todo”. Pero no, no vale todo, advierte la organización, que ha lanzado la campaña “Seguridad con Derechos Humanos” para recordar a los Estados que deben respetarlos siempre; que la defensa de su seguridad nacional jamás justifica detenciones ilegales, torturas o desapariciones forzadas; y que deben rendir cuentas cuando cometen tales abusos. Los derechos de las personas privadas de libertad -a conocer los motivos, a tener defensa jurídica, a recurrir su detención, a no ser recluidas en lugares secretos y a que su familia sepa su paradero- no se pueden anular arbitrariamente: son garantías reconocidas por ley.

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AI ha conseguido que la abolición de la pena capital sea ya un hecho en el 70% de los países del mundo.

© Amnesty International 2010

Amnistía Internacional está ganando poco a poco la batalla contra la pena capital, que ya ha sido abolida legalmente o de hecho en el 70% de los países del mundo. Pero el 30% que se resiste a dar ese paso exige perseverar en la lucha contra esa lacra que, en palabras del Director General de Investigación y Programas Regionales de AI, Claudio Cordone, “atenta contra la dignidad humana y debería quedar sepultada en la historia del mismo modo que la esclavitud, el apartheid y otras cosas abominables”. Frente a las justificaciones de sus partidarios, ningún estudio ha podido demostrar jamás que tiene más poder disuasorio frente al crimen que otros castigos.

De los 139 países abolicionistas, 104 lo recogen en sus leyes (95 para todos los delitos y 9 solo para delitos comunes) y 35 lo asumen en la práctica. Otros 58, entre los que destacan negativamente China, Irán y Estados Unidos, mantienen la máxima pena en su legislación. En España está abolida desde 1995, cuando una Ley Orgánica la prohibió incluso en tiempo de guerra. Fue la culminación de una gran campaña de Amnistía Internacional que fue ‘escalando’ desde los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos hasta ‘convencer’ al Congreso y al Senado. Pero AI insiste en la necesidad de cerrar el resquicio constitucional del artículo 15, que la abolía “salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”, y aboga por eliminar esa mención o prohibir expresamente en la Carta Magna su aplicación.

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A Amnistía Internacional, quienes violan los derechos humanos le han dicho de todo menos bonita.

Y en algunos casos con fiereza, hasta conformar una auténtica antología del insulto y la descalificación. Las críticas suelen compartir varios clichés –las denuncias de AI son “mentiras” o “verdades a medias”, forman parte de una “campaña contra nuestro país” y pecan de “parcialidad”–, y acaban sazonándose con ‘argumentos’ rotundos del estilo de “agente del imperialismo”, “filomarxista” o “prosionista”.

La organización paga así el precio por mantener su absoluta independencia, no solo “de todo gobierno, partido político, ideología, interés económico o credo religioso”, sino también financiera, ya que se apoya casi exclusivamente en las “suscripciones y donaciones de sus afiliados en todo el mundo”.

Amnistía Internacional Bélgica entregó un árbol de Navidad en la Embajada de México en Bruselas, el 24 de diciembre de 1981. El mensaje adjunto decía "A Su excelencia el Embajador de México: en la noche de Navidad, piense en sus compatriotas que "desaparecieron", algunos de ellos durante años. Y también en sus familias. Nosotros le rogamos: encuentre a los "desaparecidos". Amnistía Internacional. (c) Amnistía Internacional

La galería de ‘ofendidos’ es casi tan amplia como la de violadores de los derechos humanos denunciados por Amnistía Internacional. Pero no faltará quien rice el rizo descalificador, como hacía en 1982 la revista mexicana ‘Hoy’ al describir a la vez a AI como “punta de laza del comunismo” y como “copia variada de una negra organización que antaño se llamaba Juventudes Hitlerianas”, antes de declararse apenado “por los que reciben dinero, premios y becas pagados por Amnistía Internacional con rublos manchados de sangre y podredumbre”. A su juicio, la organización era parcial porque exigía la libertad de presos políticos, “pero solo si son chilenos,haitianos o argentinos”.

En los últimos años, el tono de las críticas a AI tiende a ser menos furibundo, y la argumentación, más calculada. Así sucede, por ejemplo, en Estados Unidos a propósito de Guantánamo y los centros de detención en el extranjero. Por un lado, con reproches escalonados a la organización –por “no decir la verdad”, según Bush; por haber “perdido la objetividad”, según Rumsfeld; o por su “informe absolutamente irresponsable”, según el general Myers–, Y por otro, con salidas por peteneras como la del portavoz de la Casa Blanca en 2004, McClellan, que responde a la acusación de Amnistía de que la “guerra contra el terror” ha hecho el mundo más peligroso, declarando que “No admitimos las críticas de Amnistía Internacional, ya que Estados Unidos es un destacado defensor de la protección de los derechos humanos y continuaremos siéndolo (…) La guerra contra el terrorismo ha tenido como resultado la liberación de 50 millones de personas en Afganistán e Irak, así como la protección de sus derechos”.

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