Muchas otras violaciones de derechos humanos quedaron pendientes, como el encarcelamiento de “presos inocentes” acusados de terrorismo o las esterilizaciones quirúrgicas forzadas a mujeres pobres que investigó la abogada peruano-española Giulia Tamayo

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AI recuerda que la mayoría de víctimas aún espera "reconocimiento, reparación y justicia" y considera que el país "necesita mirar al futuro enfrentándose a su pasado". También aboga por la protección de los derechos humanos y la efectividad policial y judicial para acabar con la actual inseguridad y las mafias

Madre e hijo caminan entre las marcas policiales en la escena de un tiroteo cerza de Zacapa, Guatemala. 23 de septiembre de 2010. (c) REUTERS/Daniel Leclair

Después de un prolongado conflicto armado interno (1960-1996) que dejó más de 200.000 muertes y 50.000 ‘desapariciones’, Guatemala sigue envuelta en un grave clima de violencia que ahora tiene perfiles de inseguridad callejera, mafias agresivas y violaciones de los derechos humanos. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo cifra en 6.000 los homicidios anuales, con una tasa de 47 por 100.000 habitantes (108 en la capital) que desborda brutalmente el nivel de “epidemia de violencia” fijado por la Organización Mundial de la Salud en 10 crímenes por 100.000 habitantes.

Ni Proteccion Ni Justicia – Homicidios de Mujeres en Guatemala
Documental realizado por AI Holanda (en castellano) en 2005, sobre el feminicidio en Guatemala

Tras constatar que “las personas más vulnerables de la sociedad” siguen viendo violados sus derechos humanos, Amnistía Internacional instó a los candidatos de las elecciones presidenciales que se decidirán en la segunda vuelta de noviembre, a que “se comprometan a priorizar el respeto, el fomento y la protección” plena de esos derechos. Una demanda que comprenden a la perfección las mujeres y niñas discriminadas y asesinadas (717 en 2009 y 695 en 2010 a pesar de la Ley contra el Femicidio de 2008), el campesinado indígena desalojado a la fuerza de sus tierras o las defensoras y defensores de derechos humanos que sufren amenazas y ataques. Ni la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú se ha librado de la represión.

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Pese al desdén oficial, familiares y ONG han conseguido localizar a la mitad de los 700 menores 'desaparecidos' durante el conflicto armado 1980-1991

Mural por las víctimas, El Salvador. Marzo de 2003 (c) 2003

El reciente Día Internacional de los Desaparecidos (30 de agosto) desparrama su eco sobre uno de los grandes dramas del conflicto armado que desangró a El Salvador entre 1980 y 1991: la ‘desaparición’ de más de 700 niñas y niños. Una tragedia agravada por la desidia y el desdén de las autoridades, que, como ha denunciado repetidamente Amnistía Internacional, no solo han incumplido su obligación de investigar los hechos y perseguir a sus responsables, sino que ni siquiera han apoyado los esfuerzos de búsqueda de familiares y organizaciones no gubernamentales, que pese a ello han conseguido localizar a la mitad de esos menores.

Corresponde a la serie de videoclips creados para la celebración del 30 aniversario de las acciones urgentes de AI. Este corresponde al dedicado a El Salvador y al caso de Febe Velasquez, asesinada junto a otros 10 miembros de Fenestras, uno de los más sindicatos con más miembros en El Salvador en aquel momento, en un antentado con coche bomba. (c) AI Bélgica 1991 (en inglés)

En julio de 2003, el informe de AI “El Salvador. ¿Dónde están las niñas y los niños desaparecidos?” centraba la cuestión como “parte de sus continuos esfuerzos para poner fin a la impunidad por las pasadas violaciones de derechos humanos” y “para apoyar los esfuerzos de quienes se empeñan en encontrar a las niñas y niños desaparecidos” durante el conflicto armado. Este, calificado de “uno de los periodos más oscuros de la historia” de ese país centroamericano, dejó “75.000 víctimas de violaciones de derechos humanos” –incluidas ejecuciones extrajudiciales, homicidios ilegítimos, desapariciones y torturas–, en su “mayoría cometidas por las fuerzas armadas y los ‘escuadrones de la muerte’ y, en muy menor proporción, por el grupo de oposición armada, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN)”.

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La justicia española asume su competencia sobre crímenes contra el derecho internacional en otros países, pero se abstiene de investigar los cometidos en el propio. AI considera insólito juzgar a un magistrado por buscar la verdad, justicia y reparación para más de 100.000 'desaparecidos', víctimas de un delito imprescriptible

¿Dónde están los derechos de miles de víctimas de desaparición forzada?“, se preguntaba Amnistía Internacional ante el procesamiento por presunta prevaricación de Baltasar Garzón, “el único juez que ha intentado dar respuesta a víctimas y familias” de ese crimen contra el derecho internacional que no solo “es imprescriptible” y “no  amnistiable”, sino que “entorpecer su investigación es un delito”. La organización consideraba “insólito que un magistrado pueda ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación para más de 100.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista”.

Exhumación de una fosa a los pies de un árbol, en Villalba de Duero, en la <em>carretera del campo de aviación</em>. Se encontraron 7 cadáveres, uno de ellos de una persona menor de edad. Los trabajos fueron dirigidos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y por la Sociedad Aranzadi. (c) Iñaki Hernando 2010

Al rechazar la invocación de la Ley de Amnistía 46/1977 para justificar ese proceso sin precedentes –un auténtico ‘aviso’ disuasor a otros jueces en cualquier país–, AI recordaba que en el derecho internacional “los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción”, y que “el Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigarlos y poner fin a la impunidad” de sus responsables. Y subrayaba también la terrible paradoja de que “los tribunales españoles hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina”, sin aceptar la validez de leyes de amnistía o medidas de perdón, y en cambio “se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país”.

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Pat Bennetts, socia de AI-España, ha desafiado durante más de 35 años el cerco de intimidación y silencio para desvelar la verdad del 'buque tortura' chileno

Hemos venido para quedarnos. Anuncio producido por la agencia TBWA y AI Francia, con motivo del 44 aniversario de AI en 2005.

Manifestantes a las puertas de la Casa de los Comunes, celebran la decisión de los Lores de arrestar a Pinochet por crímenes contra la humanidad. Londres, 27 de marzo de 1999. (c) AP/PA Photo/Dave Thomson

“El historial de impunidad de Chile es asombroso”, se lamentaba Amnistía Internacional en enero de 1999, en plena ebullición judicial del ‘caso Pinochet’, detenido entonces en Londres ante una solicitud de extradición a España por presuntos crímenes contra la humanidad -bajo cargos de asesinato en masa, terrorismo y tortura- durante la dictadura militar chilena 1973-1990. La queja sigue encontrando motivos en este 2011.

Hace apenas dos meses, la directora adjunta del Programa para América de AI, Guadalupe Marengo, denunciaba públicamente que un juez “está haciendo una farsa de la justicia en el caso de Michael Woodward” al retirar los cargos contra 19 de los 29 ex agentes de la policía y la armada acusados formalmente de torturar y asesinar a ese sacerdote británico-chileno a los pocos días del golpe militar de 1973. Los otros diez procesados lo están siendo solo por secuestro, en vez de por crímenes de lesa humanidad.

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