El ucraniano Myroslav Marynovich y el moldavo Slava Aidov, dos símbolos del exitoso apoyo de AI a los presos de conciencia en la antigua URSS

Manifestación de AI Alemania contra los abusos psiquiátricos en la URSS, 1985. © AI

Informe de AI publicado en 1975 sobre presos de conciencia en la URSS

El presidente de la Asociación de Abogados Soviéticos -y a la vez de la Corte Suprema-, Lev Smirnov, no se anduvo con chiquitas en 1975 al descalificar el informe de Amnistía Internacional sobre los “Presos de conciencia en la URSS: Su tratamiento y condiciones”. Una “vulgar falsificación y difamación sobre la realidad soviética y la legimitimidad socialista”, le escribió al entonces secretario general de AI, Martin Ennals. Y todo porque la organización de derechos humanos había llegado a la conclusión de que las condiciones de detención de los disidentes políticos y religiosos “en las cárceles, colonias de trabajo correccional y hospitales psiquiátricos están por debajo de los estándares internacionales y nacionales” suscritos por la Unión Soviética.

Muchos eran los datos recogidos por Amnistía que avalaban ese balance crítico. En los campos de trabajo, por ejemplo, las raciones escasas de comida, el descuido en la atención médica, las deficientes condiciones de trabajo, las “clases reeducativas” forzosas, el predominante “acento punitivo” y la falta de un auténtico derecho de queja. Y en los hospitales psiquiátricos, la práctica privación de derechos sanitarios y legales, la complicidad médica en los diagnósticos más políticos que sanitarios contra los disidentes, el control más policial –por Interior y el KGB- que médico de los centros, la condición de estos más cercana a una prisión que a una institución de tratamiento y la utilización de delincuentes como sanitarios sin formación adecuada y con hábitos autoritarios y maltratadores.

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El Ministerio bloqueó tres campañas de publicidad de AI por no considerarlos “de servicio público”.

De tiempo en tiempo, los derechos humanos no le parecen un asunto de interés general al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITC), que en los últimos años ha bloqueado tres campañas de publicidad de Amnistía Internacional para sensibilizar a la población sobre esa cuestión. La capacidad ministerial de etiquetar “de servicio público o carácter benéfico” un anuncio televisivo es decisiva para su emisión gratuita en las cadenas nacionales y autonómicas, y tal posibilidad es clave para AI, que se esfuerza por garantizar su imparcialidad y libertad de acción al financiarse casi exclusivamente con las aportaciones de sus socios y donantes y sin aceptar subvenciones de Gobiernos nacionales ni donaciones de partidos políticos para su trabajo de investigación y campañas.

Para las cadenas de televisión, la importancia de la citada certificación del MITC radica en que el anuncio no cuenta como publicidad comercial a la hora de calcular el tiempo máximo permitido para ese capítulo. De ahí la referencia técnica de “exención de cómputo”, que aunque solo puede concederse tras la emisión gratuita del anuncio, en la práctica suele anticiparse, ya que las cadenas prefieren tenerla garantizada para no ‘perder’ parte de su tiempo publicitario. De hecho, cuando Industria bloqueó en 2008 el anuncio de la campaña “Si nadie dice nada es como si no existiera”, con el que AI celebraba su 30º aniversario en España, hasta doce cadenas –tres nacionales, seis autonómicas y tres canales de pago– se negaron a emitirlo por carecer del certificado ministerial de exención de cómputo.


 

El MITC acabaría rectificando en septiembre de 2009, casi año y medio después de su primera negativa a la solicitud de Amnistía Internacional, cuyos sucesivos recursos y precisiones permitieron aclarar ciertos ‘despistes’ conceptuales de Industria en materia de derechos humanos. “Si nadie dice nada es como si no existiera” tiene como protagonistas a un egipcio torturado por defender a un familiar agredido por policías y a un preso de conciencia de Zimbabue torturado bajo custodia policial, y AI subraya el mensaje de que “el poder de la gente, a través de la denuncia pública, es la única esperanza de que se haga justicia para quienes están detenidos injustamente”. 

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A Amnistía Internacional, quienes violan los derechos humanos le han dicho de todo menos bonita.

Y en algunos casos con fiereza, hasta conformar una auténtica antología del insulto y la descalificación. Las críticas suelen compartir varios clichés –las denuncias de AI son “mentiras” o “verdades a medias”, forman parte de una “campaña contra nuestro país” y pecan de “parcialidad”–, y acaban sazonándose con ‘argumentos’ rotundos del estilo de “agente del imperialismo”, “filomarxista” o “prosionista”.

La organización paga así el precio por mantener su absoluta independencia, no solo “de todo gobierno, partido político, ideología, interés económico o credo religioso”, sino también financiera, ya que se apoya casi exclusivamente en las “suscripciones y donaciones de sus afiliados en todo el mundo”.

Amnistía Internacional Bélgica entregó un árbol de Navidad en la Embajada de México en Bruselas, el 24 de diciembre de 1981. El mensaje adjunto decía "A Su excelencia el Embajador de México: en la noche de Navidad, piense en sus compatriotas que "desaparecieron", algunos de ellos durante años. Y también en sus familias. Nosotros le rogamos: encuentre a los "desaparecidos". Amnistía Internacional. (c) Amnistía Internacional

La galería de ‘ofendidos’ es casi tan amplia como la de violadores de los derechos humanos denunciados por Amnistía Internacional. Pero no faltará quien rice el rizo descalificador, como hacía en 1982 la revista mexicana ‘Hoy’ al describir a la vez a AI como “punta de laza del comunismo” y como “copia variada de una negra organización que antaño se llamaba Juventudes Hitlerianas”, antes de declararse apenado “por los que reciben dinero, premios y becas pagados por Amnistía Internacional con rublos manchados de sangre y podredumbre”. A su juicio, la organización era parcial porque exigía la libertad de presos políticos, “pero solo si son chilenos,haitianos o argentinos”.

En los últimos años, el tono de las críticas a AI tiende a ser menos furibundo, y la argumentación, más calculada. Así sucede, por ejemplo, en Estados Unidos a propósito de Guantánamo y los centros de detención en el extranjero. Por un lado, con reproches escalonados a la organización –por “no decir la verdad”, según Bush; por haber “perdido la objetividad”, según Rumsfeld; o por su “informe absolutamente irresponsable”, según el general Myers–, Y por otro, con salidas por peteneras como la del portavoz de la Casa Blanca en 2004, McClellan, que responde a la acusación de Amnistía de que la “guerra contra el terror” ha hecho el mundo más peligroso, declarando que “No admitimos las críticas de Amnistía Internacional, ya que Estados Unidos es un destacado defensor de la protección de los derechos humanos y continuaremos siéndolo (…) La guerra contra el terrorismo ha tenido como resultado la liberación de 50 millones de personas en Afganistán e Irak, así como la protección de sus derechos”.

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