El apoyo de AI a las protestas indígenas logra detener en la India un doble proyecto empresarial (de extracción minera y ampliación de una refinería de aluminio), cuyo grave impacto ambiental y humano amenazaba a la comunidad Dongria Kondh

©Amnesty International 2010

Los gobiernos son responsables de proteger los derechos humanos, pero también lo son las empresas. Y por tanto, como subraya Amnistía Internacional, también ellas deben rendir cuentas de sus actividades y de su impacto sobre la ciudadanía. Esa precisión, avalada por especialistas como John Ruggie, representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, viene a cuento de una de las historias de éxito que han jalonado los 50 años de AI. Su escenario, el Estado indio de Orissa, y en concreto las colinas de Niyamgiri y su entorno, donde viven la comunidad indígena Dongria Kondh, integrada por 9.000 personas y amenazada de extinción.

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Cuando el Diccionario de la Lengua Española define lapidar como “matar a pedradas, género de suplicio usado antiguamente”, se olvida de Irán. Allí todavía persiste ese método de pena de muerte, preceptiva penalmente en caso de adulterio. Amnistía Internacional la considera “una práctica particularmente atroz” y, tras recordar su oposición a la pena capital “en cualquier circunstancia”, remarca que es un “método de ejecución diseñado específicamente para aumentar el sufrimiento de las víctimas”, abocadas a “un gran dolor y una muerte lenta”. Según la legislación de la República Islámica de Irán, “las piedras utilizadas no deben ser tan grandes como para matar a la persona de una o dos pedradas, ni tan pequeñas que no puedan calificarse de piedras”.

Acto organizado por AI Suiza el 3 de noviembre de 2010. © AI

Ni una moratoria judicial en 2002 ni una suspensión en 2008 han bastado para acabar con ese tipo de ejecuciones. Se sabe de siete personas lapidadas desde aquella primera fecha, y tal amenaza pende sobre una decena más. Incluida Sakineh Mohamaddi Ashtiani, cuyo caso deja en evidencia al sistema de justicia iraní y se ha convertido en un símbolo en la lucha contra la lapidación y contra toda pena de muerte. Una primera campaña de Actúa con Amnistía recogió entre julio y septiembre de 2010 más de 300.000 firmas para impedir su lapidación. Y después de que esta fuera suspendida para revisar el caso, ya van más de 100.000 en una segunda iniciativa para que se le anule la pena capital y “no sea ejecutada mediante ningún método”.

AI ha denunciado que el sistema de justicia iraní “adolece de muchos defectos y ha fallado a Sakineh Mohammadi Ashtiani desde el principio”. Detenida en 2005 tras el asesinato de su esposo Ebrahim Ghaderzadeh, fue condenada a 10 años de cárcel por “participación” en el crimen; según su abogado, el Tribunal Supremo sustituyó en 2009 ese veredicto por el de “complicidad” y rebajó la pena a cinco años. A raíz de las investigaciones, en 2006 fue condenada también a 99 latigazos por “relación ilícita” con dos hombres. Y meses después, acusada de adulterio, la pena fue de muerte por lapidación. Aunque dos de los cinco jueces del tribunal la declararon inocente por falta de pruebas concluyentes, la mayoría impuso la culpabilidad en base al “conocimiento del juez”, un principio legal que concede amplia discrecionalidad a los magistrados.

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Un sobre grande que contenía una piedra junto con una carta llegó por mensajero a las mesas de muchos medios de comunicación en España.

Era febrero de 2002 y Amnistía Internacional lanzaba una campaña para salvar la vida de una mujer, Safiya Hussaini, de una muerte horrible: morir bajo un mar de piedras (lapidación).

Una de las piedras enviadas firmada por activistas que participaron en las movilizaciones. (c) AI

La piedra que se incluía en este peculiar envío había sido cuidadosamente seleccionada, tal y como se hace para las lapidaciones reales. Debía tener un tamaño medio, no podía ser ni demasiado grande porque podría causar la muerte inmediatamente, ni demasiado pequeña, pues no provocaría el suficiente sufrimiento. 

Disponíamos de unas 3 ó 4 semanas para conseguir detener la ejecución de esta mujer nigeriana, condenada a esta terrible muerte bajo la acusación de adulterio.

La agencia de publicidad Contrapunto se puso en marcha y en pocos días había preparado el impactante envío, que incluía la piedra, para los medios de comunicación y un sitio web, www.amnistiaporsafiya.org, donde Amnistía Internacional iba a poner en marcha la primera campaña de “ciberactivismo”.

Hoy en día nos puede parecer lo más normal del mundo “firmar” una petición a través de una página web, poniendo nuestros datos y dejando nuestro correo electrónico, pero a principios de 2002 fue una idea pionera que sobre todo facilitaba la acción de una forma sencilla, llegando a miles de personas para que se sumasen al grito de Amnistía Internacional pidiendo que Safiya fuese puesta en libertad sin condiciones y su condena fuera anulada. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, pero en el caso de “adulterio”, además, la legislación internacional es muy clara al respecto: las relaciones sexuales consentidas por dos adultos nunca pueden ser objeto de castigo.

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