Aunque la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura de 1984 no ha logrado erradicarla (aún se aplica en un centenar de países), cuatro décadas de campañas de AI han conseguido importantes avances

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Guantánamo, telón de fondo de la campaña de AI "Seguridad con Derechos Humanos", que rechaza detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas y exige rendir cuentas por esos abusos.

Spot producido por AI UK como parte de una campaña contra el programa de detención e interrogatorios de la CIA que contraviene el artículo 3 de la Convención de Ginebra que prohibe expresamente el trato inhumano y degradante a los prisioneros de guerra. En este video se muestra la técnica denominada “waterboarding”, simulación de ahogamiento.

La llamada “guerra contra el terror” está siendo terrorífica para los derechos humanos. La respuesta del Gobierno de Estados Unidos a los atentados del 11 de septiembre de 2001, simbolizada en la ocupación militar de Afganistán y en las ‘jaulas carcelarias’ de la base de Guantánamo, ha dado lugar a una inagotable galería de abusos y violaciones del derecho internacional. Con la doble excusa de la lucha contra el terrorismo y la amenaza a la seguridad nacional –y muchas veces con la complicidad de sus aliados en Europa y otras partes del mundo–, Washington y sus fuerzas militares y de inteligencia han llevado a cabo detenciones ilegales y desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos, traslados de presos a otros países y retenciones en cárceles secretas.

Entrevista con Louise Christian, abogada de derechos humanos, en febrero de 2006. “Los políticos no han entendido la importancia de las libertades civiles”. (c) AI

En estos casi diez años, protesta Amnistía Internacional, dirigentes de todo el mundo han actuado “por encima del derecho internacional” y “como si en la lucha contra el terrorismo valiese todo”. Pero no, no vale todo, advierte la organización, que ha lanzado la campaña “Seguridad con Derechos Humanos” para recordar a los Estados que deben respetarlos siempre; que la defensa de su seguridad nacional jamás justifica detenciones ilegales, torturas o desapariciones forzadas; y que deben rendir cuentas cuando cometen tales abusos. Los derechos de las personas privadas de libertad -a conocer los motivos, a tener defensa jurídica, a recurrir su detención, a no ser recluidas en lugares secretos y a que su familia sepa su paradero- no se pueden anular arbitrariamente: son garantías reconocidas por ley.

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La excarcelación del preso de conciencia Bienvenido Samba Momesori, solo un paréntesis en las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial

Bienvenido Samba Momesori

Bienvenido Samba Momesori, octubre de 2006. (c) Particular

Cuando fue excarcelado el 7 de junio de 2008 junto a otras 13 personas en Guinea Ecuatorial, el reverendo protestante Bienvenido Samba Momesori llevaba casi cinco años en prisión, sin cargos ni juicio. Como a muchos otros en su situación, Amnistía Internacional lo había adoptado como preso de conciencia y había multiplicado desde su detención, el 26 de octubre de 2003, las acciones y llamamientos para que se garantizara su seguridad y trato humano y para que se le liberara “de inmediato y sin condiciones a menos que vayan a acusarlo de un delito común claro y reconocible”.

Jamás hubo acusación formal, y el rigor jurídico y legal brilló por su ausencia, incluso en los detalles: los 14 presos de conciencia formaban parte de una lista de 37 personas indultadas por el general y presidente Teodoro Obiang Nguema en su 66º cumpleaños en la que figuraban al menos nueve personas ya liberadas en 2003 y 2006. Otra irregularidad denunciada por AI fue el confinamiento de todos los excarcelados en sus pueblos de origen -las autoridades penitenciarias les prohibieron salir de allí sin autorización-, cuando la mayoría ya residía en otros lugares desde años antes de su detención.

Lo que sí hubo fueron serias denuncias de torturas, que Amnistía reclamó que se investigaran a fondo para procesar a los responsables. AI recordó cómo los otros 13 presos de conciencia indultados junto a Samba, que pertenecían al partido político ilegal Frente Demócrata Republicano (FDR), habían sido “brutalmente torturados” tras su detención en marzo de 2002, sometidos a un “proceso gravemente injusto” en mayo-junio y condenados a 20 años de cárcel por intentar matar al presidente y derrocar al Gobierno. Uno de ellos, Felipe Ondo Obiang, ni siquiera tuvo el debido proceso y fue encarcelado en Evinayong “en condiciones que equivalen a tortura”, en régimen de aislamiento durante meses y con una pierna encadenada a la pared de la celda.

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