La más habitual y extendida violación de derechos humanos alcanza a un tercio de la población femenina, pero esa 'galería del horror' no ha logrado ocultar la esperanza de justicia que alimentan conjuntamente AI y las organizaciones de mujeres

La violencia contra las mujeres y niñas es la violación de derechos humanos más habitual y extendida: a lo largo de su vida, una de cada tres será golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o sometida a algún otro tipo de abusos. Un auténtica vergüenza mundial y un inmenso escándalo en materia de derechos humanos al que Amnistía Internacional ha dado respuesta desde 2004 con su Campaña para Combatir la Violencia contra las Mujeres, la primera iniciativa temática global de larga duración. Concluida el 8 de marzo de 2010, la campaña ha sido sometida a revisión externa independiente para seguir trabajando en ese ámbito con mayor eficacia y la mejor coordinación posible con las organizaciones de mujeres.

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El apoyo de AI a las protestas indígenas logra detener en la India un doble proyecto empresarial (de extracción minera y ampliación de una refinería de aluminio), cuyo grave impacto ambiental y humano amenazaba a la comunidad Dongria Kondh

Los gobiernos son responsables de proteger los derechos humanos, pero también lo son las empresas. Y por tanto, como subraya Amnistía Internacional, también ellas deben rendir cuentas de sus actividades y de su impacto sobre la ciudadanía. Esa precisión, avalada por especialistas como John Ruggie, representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, viene a cuento de una de las historias de éxito que han jalonado los 50 años de AI. Su escenario, el Estado indio de Orissa, y en concreto las colinas de Niyamgiri y su entorno, donde viven la comunidad indígena Dongria Kondh, integrada por 9.000 personas y amenazada de extinción.

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La última campaña global de AI defiende los derechos humanos como herramienta clave para erradicar la miseria y asegurar el acceso a la educación, salud, agua o vivienda

“Exige Dignidad”. Estas dos palabras, que dan nombre a la última gran campaña global de Amnistía Internacional, resumen bien el doble trasfondo que la inspira. Por una parte, reivindica el respeto a los derechos humanos para romper el círculo de la pobreza. Por otra, subraya que esta tiene responsables que deberían rendir cuentas por ello.

Esta demanda será más fácil tras la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 2008, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece un mecanismo para garantizar justicia en el ámbito internacional a quienes vean violados tales derechos y no puedan denunciarlo ni reclamar ante su jurisdicción nacional. Firmado por 39 países y ratificado por cinco (Ecuador, Mongolia y España en 2010 y El Salvador y Argentina en este 2011, a los que pronto se sumará Bolivia), entrará en vigor tres meses después de que lo ratifiquen diez. Una Coalición Internacional de ONG de la que forma parte Amnistía hace campaña en todo el mundo para alcanzar ese objetivo.

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Aunque la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura de 1984 no ha logrado erradicarla (aún se aplica en un centenar de países), cuatro décadas de campañas de AI han conseguido importantes avances

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La campaña global contra la pobreza y exclusión que violan los derechos humanos, marca la quinta década de AI

“Exige Dignidad”, lema de la campaña global lanzada por Amnistía Internacional en 2009, es toda una declaración de principios para su 50º aniversario. Y marca la quinta década de la organización, que amplía así sus competencias para incluir el derecho humano a no ser pobre y, por tanto, la necesidad de poner fin a la injusticia y la exclusión que atrapan a quienes las sufren en un círculo vicioso de privaciones y falta de autonomía personal y colectiva. Un círculo que se refleja con dramatismo en la mortalidad materna o  los asentamientos precarios, y que deja ver detrás del espejo la responsabilidad de muchas empresas o, en clave positiva, la necesidad de garantizar por ley ciertos derechos sociales.

Tal exigencia de dignidad humana serviría de saludo de bienvenida a Salil Shetty cuando asumió en 2010 la Secretaría General de AI en sustitución de Irene Khan. Un terreno abonado para él, que había dirigido desde 2003 la Campaña del Milenio de la ONU y que antes (1998-2003) fue director ejecutivo de ActionAid, ‘hermana mayor’ de la española Ayuda en Acción y una de las ONG para el desarrollo con más experiencia en la lucha contra la pobreza. Shetty recibía también un valioso legado, el compromiso creciente de la base de AI, cuyo número de simpatizantes, miembros y activistas superaría ya los 3 millones en 2011.

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