AI ha conseguido que la abolición de la pena capital sea ya un hecho en el 70% de los países del mundo.
Amnistía Internacional está ganando poco a poco la batalla contra la pena capital, que ya ha sido abolida legalmente o de hecho en el 70% de los países del mundo. Pero el 30% que se resiste a dar ese paso exige perseverar en la lucha contra esa lacra que, en palabras del Director General de Investigación y Programas Regionales de AI, Claudio Cordone, “atenta contra la dignidad humana y debería quedar sepultada en la historia del mismo modo que la esclavitud, el apartheid y otras cosas abominables”. Frente a las justificaciones de sus partidarios, ningún estudio ha podido demostrar jamás que tiene más poder disuasorio frente al crimen que otros castigos.
De los 139 países abolicionistas, 104 lo recogen en sus leyes (95 para todos los delitos y 9 solo para delitos comunes) y 35 lo asumen en la práctica. Otros 58, entre los que destacan negativamente China, Irán y Estados Unidos, mantienen la máxima pena en su legislación. En España está abolida desde 1995, cuando una Ley Orgánica la prohibió incluso en tiempo de guerra. Fue la culminación de una gran campaña de Amnistía Internacional que fue ‘escalando’ desde los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos hasta ‘convencer’ al Congreso y al Senado. Pero AI insiste en la necesidad de cerrar el resquicio constitucional del artículo 15, que la abolía “salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”, y aboga por eliminar esa mención o prohibir expresamente en la Carta Magna su aplicación.
