La primera misión de AI en 1976 señaló el camino hacia la verdad y la justicia para los 30.000 desaparecidos de la dictadura, y la Corte Suprema lo despejó en 2005 al declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida

Argentina ‘78. Poster creado por AI Alemania con motivo de la celebración de la Copa del Mundo del Futbol del 78. Se puede leer: Futbol si - Tortura no. (c) AI Alemania

El 14 de junio de 2005 fue un día histórico para Argentina y para la causa de los derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de las leyes de Punto Final (LPF) y Obediencia Debida (LOD) aprobadas en 1986 y 1987 por el presidente Raúl Alfonsín, que pretendían institucionalizar la impunidad de las masivas violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad –incluidas ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones forzadas, torturas y tráfico de bebés– cometidos durante los gobiernos militares de 1976 a 1983. “La decisión abre el camino hacia la verdad y la justicia”, se felicitó Virginia Shoppee, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre ese país latinoamericano.

AI veía reconocidos así sus incesantes esfuerzos para que los responsables de aquellas atrocidades -las organizaciones de derechos humanos estiman el número de desaparecidos en torno a 30.000- rindieran cuentas ante los tribunales. Sus campañas contra la impunidad, que comenzaron ya en 1976 con una primera misión internacional a Argentina y su correspondiente informe, veían por fin la luz al final del túnel político-jurídico que durante años había oscurecido la búsqueda de la verdad y de la justicia. Porque no fue fácil llegar hasta ese momento histórico que venía a devolver a la ciudadanía la dignidad democrática robada y hecha trizas por la dictadura militar y sus crueles métodos.

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