Categoría: Seguridad con derechos humanos

Widney Brown, directora general de Derecho Internacional y Política, Amnistía Internacional

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Guantánamo, telón de fondo de la campaña de AI "Seguridad con Derechos Humanos", que rechaza detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas y exige rendir cuentas por esos abusos.

Spot producido por AI UK como parte de una campaña contra el programa de detención e interrogatorios de la CIA que contraviene el artículo 3 de la Convención de Ginebra que prohibe expresamente el trato inhumano y degradante a los prisioneros de guerra. En este video se muestra la técnica denominada “waterboarding”, simulación de ahogamiento.

La llamada “guerra contra el terror” está siendo terrorífica para los derechos humanos. La respuesta del Gobierno de Estados Unidos a los atentados del 11 de septiembre de 2001, simbolizada en la ocupación militar de Afganistán y en las ‘jaulas carcelarias’ de la base de Guantánamo, ha dado lugar a una inagotable galería de abusos y violaciones del derecho internacional. Con la doble excusa de la lucha contra el terrorismo y la amenaza a la seguridad nacional –y muchas veces con la complicidad de sus aliados en Europa y otras partes del mundo–, Washington y sus fuerzas militares y de inteligencia han llevado a cabo detenciones ilegales y desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos, traslados de presos a otros países y retenciones en cárceles secretas.

Entrevista con Louise Christian, abogada de derechos humanos, en febrero de 2006. “Los políticos no han entendido la importancia de las libertades civiles”. (c) AI

En estos casi diez años, protesta Amnistía Internacional, dirigentes de todo el mundo han actuado “por encima del derecho internacional” y “como si en la lucha contra el terrorismo valiese todo”. Pero no, no vale todo, advierte la organización, que ha lanzado la campaña “Seguridad con Derechos Humanos” para recordar a los Estados que deben respetarlos siempre; que la defensa de su seguridad nacional jamás justifica detenciones ilegales, torturas o desapariciones forzadas; y que deben rendir cuentas cuando cometen tales abusos. Los derechos de las personas privadas de libertad -a conocer los motivos, a tener defensa jurídica, a recurrir su detención, a no ser recluidas en lugares secretos y a que su familia sepa su paradero- no se pueden anular arbitrariamente: son garantías reconocidas por ley.

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