El 21 de septiembre Troy Davis fue ejecutado en el estado de Georgia a pesar de las múltiples dudas que ofrecía su caso. Desde que fue condenado a muerte, en 1991, más de 90 presos han sido excarcelados de los “corredores de la muerte” de Estados Unidos tras demostrarse su inocencia. En todos esos casos, los acusados habían sido declarados culpables más allá de una duda razonable

Atlanta, 21 de septiembre de 2011 © Scott Langley

Hace algo más de dos años conocí el caso de Troy Davis. Estaba preparando materiales para la campaña contra la pena de muerte de Amnistía Internacional y había decenas de casos por los que nuestra organización trabajaba, pero una compañera de la organización en Estados Unidos me recomendó que me interesara por el caso de Troy. Me dijo que ningún caso ejemplificaba tan bien las razones por las cuales nadie merece ser condenado a muerte.

Empecé a leer, a buscar información, a “conocer” a esa persona de la que apenas tenía una fotografía en la que se ocultaba tímidamente tras unas gafas y cuyo nombre no dejaría de revolotear por mi cabeza durante los siguientes meses. Entonces supe que lo condenaron a muerte por el asesinato de un policía en 1991 y que llevaba 20 años en el corredor de la muerte. Nada nuevo bajo el sol, pensé… Pero según iba profundizando en el caso, cada dato, cada imagen, cada noticia, me acercaba un poco más a Troy. Y cada vez estaba más convencido de que Troy nunca sería ejecutado, que se trataba de un error y que se haría justicia.

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Cuando el Diccionario de la Lengua Española define lapidar como “matar a pedradas, género de suplicio usado antiguamente”, se olvida de Irán. Allí todavía persiste ese método de pena de muerte, preceptiva penalmente en caso de adulterio. Amnistía Internacional la considera “una práctica particularmente atroz” y, tras recordar su oposición a la pena capital “en cualquier circunstancia”, remarca que es un “método de ejecución diseñado específicamente para aumentar el sufrimiento de las víctimas”, abocadas a “un gran dolor y una muerte lenta”. Según la legislación de la República Islámica de Irán, “las piedras utilizadas no deben ser tan grandes como para matar a la persona de una o dos pedradas, ni tan pequeñas que no puedan calificarse de piedras”.

Acto organizado por AI Suiza el 3 de noviembre de 2010. © AI

Ni una moratoria judicial en 2002 ni una suspensión en 2008 han bastado para acabar con ese tipo de ejecuciones. Se sabe de siete personas lapidadas desde aquella primera fecha, y tal amenaza pende sobre una decena más. Incluida Sakineh Mohamaddi Ashtiani, cuyo caso deja en evidencia al sistema de justicia iraní y se ha convertido en un símbolo en la lucha contra la lapidación y contra toda pena de muerte. Una primera campaña de Actúa con Amnistía recogió entre julio y septiembre de 2010 más de 300.000 firmas para impedir su lapidación. Y después de que esta fuera suspendida para revisar el caso, ya van más de 100.000 en una segunda iniciativa para que se le anule la pena capital y “no sea ejecutada mediante ningún método”.

AI ha denunciado que el sistema de justicia iraní “adolece de muchos defectos y ha fallado a Sakineh Mohammadi Ashtiani desde el principio”. Detenida en 2005 tras el asesinato de su esposo Ebrahim Ghaderzadeh, fue condenada a 10 años de cárcel por “participación” en el crimen; según su abogado, el Tribunal Supremo sustituyó en 2009 ese veredicto por el de “complicidad” y rebajó la pena a cinco años. A raíz de las investigaciones, en 2006 fue condenada también a 99 latigazos por “relación ilícita” con dos hombres. Y meses después, acusada de adulterio, la pena fue de muerte por lapidación. Aunque dos de los cinco jueces del tribunal la declararon inocente por falta de pruebas concluyentes, la mayoría impuso la culpabilidad en base al “conocimiento del juez”, un principio legal que concede amplia discrecionalidad a los magistrados.

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AI ha conseguido que la abolición de la pena capital sea ya un hecho en el 70% de los países del mundo.

Amnistía Internacional está ganando poco a poco la batalla contra la pena capital, que ya ha sido abolida legalmente o de hecho en el 70% de los países del mundo. Pero el 30% que se resiste a dar ese paso exige perseverar en la lucha contra esa lacra que, en palabras del Director General de Investigación y Programas Regionales de AI, Claudio Cordone, “atenta contra la dignidad humana y debería quedar sepultada en la historia del mismo modo que la esclavitud, el apartheid y otras cosas abominables”. Frente a las justificaciones de sus partidarios, ningún estudio ha podido demostrar jamás que tiene más poder disuasorio frente al crimen que otros castigos.

De los 139 países abolicionistas, 104 lo recogen en sus leyes (95 para todos los delitos y 9 solo para delitos comunes) y 35 lo asumen en la práctica. Otros 58, entre los que destacan negativamente China, Irán y Estados Unidos, mantienen la máxima pena en su legislación. En España está abolida desde 1995, cuando una Ley Orgánica la prohibió incluso en tiempo de guerra. Fue la culminación de una gran campaña de Amnistía Internacional que fue ‘escalando’ desde los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos hasta ‘convencer’ al Congreso y al Senado. Pero AI insiste en la necesidad de cerrar el resquicio constitucional del artículo 15, que la abolía “salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”, y aboga por eliminar esa mención o prohibir expresamente en la Carta Magna su aplicación.

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Un sobre grande que contenía una piedra junto con una carta llegó por mensajero a las mesas de muchos medios de comunicación en España.

Era febrero de 2002 y Amnistía Internacional lanzaba una campaña para salvar la vida de una mujer, Safiya Hussaini, de una muerte horrible: morir bajo un mar de piedras (lapidación).

Una de las piedras enviadas firmada por activistas que participaron en las movilizaciones. (c) AI

La piedra que se incluía en este peculiar envío había sido cuidadosamente seleccionada, tal y como se hace para las lapidaciones reales. Debía tener un tamaño medio, no podía ser ni demasiado grande porque podría causar la muerte inmediatamente, ni demasiado pequeña, pues no provocaría el suficiente sufrimiento. 

Disponíamos de unas 3 ó 4 semanas para conseguir detener la ejecución de esta mujer nigeriana, condenada a esta terrible muerte bajo la acusación de adulterio.

La agencia de publicidad Contrapunto se puso en marcha y en pocos días había preparado el impactante envío, que incluía la piedra, para los medios de comunicación y un sitio web, www.amnistiaporsafiya.org, donde Amnistía Internacional iba a poner en marcha la primera campaña de “ciberactivismo”.

Hoy en día nos puede parecer lo más normal del mundo “firmar” una petición a través de una página web, poniendo nuestros datos y dejando nuestro correo electrónico, pero a principios de 2002 fue una idea pionera que sobre todo facilitaba la acción de una forma sencilla, llegando a miles de personas para que se sumasen al grito de Amnistía Internacional pidiendo que Safiya fuese puesta en libertad sin condiciones y su condena fuera anulada. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, pero en el caso de “adulterio”, además, la legislación internacional es muy clara al respecto: las relaciones sexuales consentidas por dos adultos nunca pueden ser objeto de castigo.

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