Categoría: Campañas

Un millón de personas ven violados cada año su derecho humano a una vivienda digna por desalojos forzosos, que se acentúan con los preparativos de grandes eventos deportivos como las Olimpíadas o los Mundiales de Fútbol

Estadio Olímpico 'Engenhão' Joao Hanelange © Jorge Andrade

Más de un millón de personas sufren cada año desalojos forzosos al ser expulsadas contra su voluntad y sin salvaguardias jurídicas de las viviendas o tierras que ocupan. Y eso, denuncia Amnistía Internacional, constituye “una violación de los derechos humanos que los gobiernos están obligados a prohibir e impedir”. Pero hacen justo lo contrario: recurren cada vez más a ellos, de modo que “numerosos asentamientos precarios son demolidos para dejar espacio al desarrollo urbano, para proyectos de embellecimiento de las ciudades o durante los preparativos con motivo de eventos internacionales” como los Juegos Olímpicos o los Campeonatos Mundiales de Fútbol.

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La última campaña global de AI defiende los derechos humanos como herramienta clave para erradicar la miseria y asegurar el acceso a la educación, salud, agua o vivienda

 

“Exige Dignidad”. Estas dos palabras, que dan nombre a la última gran campaña global de Amnistía Internacional, resumen bien el doble trasfondo que la inspira. Por una parte, reivindica el respeto a los derechos humanos para romper el círculo de la pobreza. Por otra, subraya que esta tiene responsables que deberían rendir cuentas por ello.

Esta demanda será más fácil tras la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 2008, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece un mecanismo para garantizar justicia en el ámbito internacional a quienes vean violados tales derechos y no puedan denunciarlo ni reclamar ante su jurisdicción nacional. Firmado por 39 países y ratificado por cinco (Ecuador, Mongolia y España en 2010 y El Salvador y Argentina en este 2011, a los que pronto se sumará Bolivia), entrará en vigor tres meses después de que lo ratifiquen diez. Una Coalición Internacional de ONG de la que forma parte Amnistía hace campaña en todo el mundo para alcanzar ese objetivo.

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Las rebeliones del Norte de África y Oriente Próximo confirman la urgencia de prohibir la venta de armas y municiones que puedan usarse contra civiles o para violar los derechos humanos.

Cuando por fin se vislumbra para 2012 un Tratado internacional sobre el Comercio de Armas, la realidad cotidiana de los conflictos a lo largo y ancho del mundo confirma lo pedregoso del camino. Basta recordar las recientes denuncias de Amnistía Internacional sobre el uso de bombas de racimo españolas por las tropas del dirigente libio Muamar Gadafi, que desvelan en toda su crudeza la peligrosa ‘herencia’ que deja cada venta de armamento, de material de defensa y ‘de doble uso’, de municiones. Un mercado que mueve al año 640 millones de armas y 12.000 millones de balas -dos por cada habitante del planera- y que alimenta la sangrienta estadística de mil muertos al día -casi uno por minuto- por armas de fuego.

Campaña Armas Bajo Control
Vídeo para la campaña Armas bajo Control. Septiembre de 2008

Oficialmente, España estaba en primera fila de la lucha contra el citado tipo de artefactos al haberse adelantado, con una moratoria unilateral en julio de 2008, a la firma (diciembre de ese año) y la entrada en vigor (agosto de 2010) de la Convención que las prohíbe. En marzo de 2009 fue el primer país en destruir su propio arsenal de bombas de racimo, que se distinguen por una mortífera seña de identidad: dispersan en una amplia zona sus potentes municiones, cuya falta de precisión las hace aún más peligrosas para la población civil. España ya no las tiene ni las exporta, pero allí quedaron, en los arsenales del régimen libio. Y la única arma que no se utiliza es la que no se tiene.

Por eso Amnistía Internacional lleva años empeñada junto a otras organizaciones no gubernamentales en conseguir un Tratado sobre Comercio de Armas que impida su venta cuando exista riesgo de que sean usadas para violar los derechos humanos o las normas humanitarias internacionales. La campaña, bautizada como ‘Armas Bajo Control‘, reúne desde octubre de 2003 a AI, Oxfam y la Red de Acción Internacional contra las Armas Ligeras (IANSA en inglés), coalición que varía ligeramente en el caso español al integrar a Amnistía, Intermón Oxfam, Greenpeace y la Fundació per la Pau. Las tres primeras organizaciones habían protagonizado ya a principios de los años 90 una primera campaña, ‘Hay secretos que matan’, con el mismo objetivo, a la que siguió otra, ‘Adiós a las armas’, por el control de las armas ligeras.

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