A veces incomprendido y solitario, el esfuerzo "riguroso y sostenido" de Amnistía permitió sacar a la luz graves abusos oficiales y mejorar las garantías legales y judiciales

A propósito del incansable trabajo de Amnistía Internacional para denunciar las violaciones de derechos humanos en Irlanda del Norte, Jonathan Power escribía en “Como agua en la piedra” (2001), su espléndida historia de los primeros 40 años de Amnistía Internacional, que AI “tuvo más éxito en países extranjeros que en el patio de su casa”. Pero lo apuntaba más en clave política -”no puede decirse que Amnistía haya alterado profundamente, o ralentizado, la dirección del conflicto”– que en su ámbito de derechos humanos, donde sí podía hablarse de importantes avances y “mejoras paso a paso”.

Máxime cuando el propio Power subrayaba que tal esfuerzo “ha sido riguroso y sostenido” y acometido casi “en solitario”, sin gran respaldo de los medios de comunicación y con apenas “un modesto apoyo del poder judicial y del Parlamento británicos”. Después de tres décadas de conflicto norirlandés, remachaba, Gobiernos laboristas y conservadores “salen con un historial embarrado”.

Report of an inquiry into allegations of ill-treatment in Northern Ireland 1972 © Amnesty international

Amnistía ejerció desde el principio de notaria de las irregularidades legales y judiciales. La implantación del internamiento o detención sin juicio en agosto de 1971 motivó enseguida denuncias periodísticas de brutalidad policial, que dieron lugar a un comité de investigación cuyo Informe Compton reconocía malos tratos físicos, pero no brutalidad. AI lo consideró insuficiente por no contemplar los testimonios de las víctimas, y se adelantó a las conclusiones oficiales con la creación de una Comisión Internacional de Investigación sobre las denuncias de torturas en Irlanda del Norte que sí recogió esos relatos en primera persona.

Ni autoridades ni fuerzas de seguridad cooperaron, pero la Comisión evidenció “formas de tortura” como obligar a permanecer de pie ante la pared durante horas y hasta días enteros al detenido, “agotado progresivamente y sacado literalmente de quicio al ser sometido a ruido continuo y ser privado de alimento, sueño e incluso de luz”. Estas acusaciones llevarían al Gobierno conservador de Edward Heath a prohibir esas técnicas de interrogatorio, aunque ello no impidió que, tras una denuncia de Dublín, la Comisión Europea de Derechos Humanos condenara a Londres por “trato inhumano y degradante”.

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