Archivo para el mes de noviembre 2011

Pese al rápido éxito de la campaña de AI para eliminar las tasas médicas a las embarazadas, el sistema sanitario arrastra déficits estructurales por la masiva pobreza (70%) y los 11 años de conflicto armado

Video musical grabado para AI en Sierra Leona. Actúan artistas locales como YOK 7, Vida, Willie J, Mackie, Clint D Drunk y Bash de Nigeria. Producido por Papa Pshaw (Edwin) y Milton Magai (Sapano), voluntario de AI Sierra Leona

Cuando se parte de una posición tan rezagada como Sierra Leona (en el puesto 180 de 187 países en el Índice de Desarrollo Humano, con un 70% de pobres que malviven con apenas 0,75 euros al día y el lastre de 11 años de conflicto armado), importantes avances en servicios básicos como la atención sanitaria tienen mucho de ‘milagro’ relativo. Así podría verse la situación de la salud materna, tarea a la que el Gobierno de Freetown se ha aplicado con rapidez y empeño tras una campaña de Amnistía Internacional para mejorar la asistencia en ese ámbito, pero cuyo éxito parcial sigue ensombrecido por déficits estructurales del sistema sanitario y por la falta de mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas.

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El Gobierno Ortega persigue al movimiento feminista tras penalizar el aborto, incluso para niñas y mujeres violadas o cuya vida peligra por el embarazo

Spot para la campaña sobre Derechos sexuales y reproductivos de las niñas en Nicaragua. Producido por AI Grecia y la agencia publicitaria Bold Ogilvy, producido por Modiano. © Amnesty International Greece 2011

En Nicaragua, un “movimiento de mujeres consolidado, muy fuerte y valiente” se ha convertido en “la verdadera oposición” al Gobierno de Daniel Ortega, cuyo origen revolucionario sandinista ha dejado paso a un grave “retroceso jurídico y social y al grado más alto de impunidad” para los abusos de poder.

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La última campaña global de AI defiende los derechos humanos como herramienta clave para erradicar la miseria y asegurar el acceso a la educación, salud, agua o vivienda

 

“Exige Dignidad”. Estas dos palabras, que dan nombre a la última gran campaña global de Amnistía Internacional, resumen bien el doble trasfondo que la inspira. Por una parte, reivindica el respeto a los derechos humanos para romper el círculo de la pobreza. Por otra, subraya que esta tiene responsables que deberían rendir cuentas por ello.

Esta demanda será más fácil tras la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 2008, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece un mecanismo para garantizar justicia en el ámbito internacional a quienes vean violados tales derechos y no puedan denunciarlo ni reclamar ante su jurisdicción nacional. Firmado por 39 países y ratificado por cinco (Ecuador, Mongolia y España en 2010 y El Salvador y Argentina en este 2011, a los que pronto se sumará Bolivia), entrará en vigor tres meses después de que lo ratifiquen diez. Una Coalición Internacional de ONG de la que forma parte Amnistía hace campaña en todo el mundo para alcanzar ese objetivo.

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El ucraniano Myroslav Marynovich y el moldavo Slava Aidov, dos símbolos del exitoso apoyo de AI a los presos de conciencia en la antigua URSS

Manifestación de AI Alemania contra los abusos psiquiátricos en la URSS, 1985. © AI

Informe de AI publicado en 1975 sobre presos de conciencia en la URSS

El presidente de la Asociación de Abogados Soviéticos -y a la vez de la Corte Suprema-, Lev Smirnov, no se anduvo con chiquitas en 1975 al descalificar el informe de Amnistía Internacional sobre los “Presos de conciencia en la URSS: Su tratamiento y condiciones”. Una “vulgar falsificación y difamación sobre la realidad soviética y la legimitimidad socialista”, le escribió al entonces secretario general de AI, Martin Ennals. Y todo porque la organización de derechos humanos había llegado a la conclusión de que las condiciones de detención de los disidentes políticos y religiosos “en las cárceles, colonias de trabajo correccional y hospitales psiquiátricos están por debajo de los estándares internacionales y nacionales” suscritos por la Unión Soviética.

Muchos eran los datos recogidos por Amnistía que avalaban ese balance crítico. En los campos de trabajo, por ejemplo, las raciones escasas de comida, el descuido en la atención médica, las deficientes condiciones de trabajo, las “clases reeducativas” forzosas, el predominante “acento punitivo” y la falta de un auténtico derecho de queja. Y en los hospitales psiquiátricos, la práctica privación de derechos sanitarios y legales, la complicidad médica en los diagnósticos más políticos que sanitarios contra los disidentes, el control más policial –por Interior y el KGB- que médico de los centros, la condición de estos más cercana a una prisión que a una institución de tratamiento y la utilización de delincuentes como sanitarios sin formación adecuada y con hábitos autoritarios y maltratadores.

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Condenado a casi 11 años de cárcel, el disidente Wolfgang Welsch logró su excarcelación tras ser adoptado por el grupo de Leeds de AI

Imágenes de la caída del muro de Berlín © ITNSource

Carta enviada por el grupo de AI Leeds notificando la puesta en libertad de Welsch. © AI

Con gran alegría, informamos de que el preso de Alemania Oriental que habíamos adoptado, Wolfgang Welsch, ha sido puesto en libertad. (…) Nuestro grupo quisiera adoptar ahora a otro preso”. Estas líneas escritas en 1971 por el grupo de Leeds de Amnistía Internacional resumen bien el espíritu solidario y luchador de la organización de derechos humanos y la eficacia de su trabajo en todo el mundo, incluida aquella República Democrática Alemana (RDA) que emergió tras consumarse en 1949 la partición germana.

El caso del poeta y actor Welsch es una de las historias de éxito que marcan el 50º aniversario de AI. Encarcelado con apenas 20 años en 1964 tras intentar emigrar ilegalmente del país, su pena inicial de año y medio de prisión se alargaría hasta casi 11 años con dos nuevas condenas en 1966-67 por severa “incitación hostil” contra el Estado, un difuso cargo penal que pretendía perseguir cualquier intento opositor de “dañar el orden socialista”. Amnistía, que considera presos de conciencia a los condenados por ejercer un derecho humano básico como la libertad de movimiento, recordaría también que Welsch se limitó a expresar sus discrepantes opiniones por vías artísticas como la poesía o un documental cinematográfico.

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