Apoyada en una 'policía cibernética' y una 'Gran Muralla' cortafuegos de Internet, la vigilancia de la Red recorta las libertades de prensa y expresión La implacable persecución de activistas de derechos humanos, periodistas y blogueros no ha logrado silenciar a 485 millones de internautas

El Gobierno chino ya no sabe qué inventar para frenar la libertad de expresión y el activismo de derechos humanos en la Red. Con 485 millones de internautas y 200 millones de microblogs, ni los miles de ‘policías cibernéticos’ ni el inmenso cortafuegos (firewall) que ya se conoce como la ‘Gran Muralla de Internet’, han podido silenciar las informaciones y opiniones críticas hacia el régimen. Activistas, periodistas y blogueros están pagando, eso sí, un alto precio represivo por la implacable persecución oficial que ha llevado a muchos a prisión.

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AI recuerda que la mayoría de víctimas aún espera "reconocimiento, reparación y justicia" y considera que el país "necesita mirar al futuro enfrentándose a su pasado". También aboga por la protección de los derechos humanos y la efectividad policial y judicial para acabar con la actual inseguridad y las mafias

Madre e hijo caminan entre las marcas policiales en la escena de un tiroteo cerza de Zacapa, Guatemala. 23 de septiembre de 2010. (c) REUTERS/Daniel Leclair

Después de un prolongado conflicto armado interno (1960-1996) que dejó más de 200.000 muertes y 50.000 ‘desapariciones’, Guatemala sigue envuelta en un grave clima de violencia que ahora tiene perfiles de inseguridad callejera, mafias agresivas y violaciones de los derechos humanos. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo cifra en 6.000 los homicidios anuales, con una tasa de 47 por 100.000 habitantes (108 en la capital) que desborda brutalmente el nivel de “epidemia de violencia” fijado por la Organización Mundial de la Salud en 10 crímenes por 100.000 habitantes.

Tras constatar que “las personas más vulnerables de la sociedad” siguen viendo violados sus derechos humanos, Amnistía Internacional instó a los candidatos de las elecciones presidenciales que se decidirán en la segunda vuelta de noviembre, a que “se comprometan a priorizar el respeto, el fomento y la protección” plena de esos derechos. Una demanda que comprenden a la perfección las mujeres y niñas discriminadas y asesinadas (717 en 2009 y 695 en 2010 a pesar de la Ley contra el Femicidio de 2008), el campesinado indígena desalojado a la fuerza de sus tierras o las defensoras y defensores de derechos humanos que sufren amenazas y ataques. Ni la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú se ha librado de la represión.

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El 21 de septiembre Troy Davis fue ejecutado en el estado de Georgia a pesar de las múltiples dudas que ofrecía su caso. Desde que fue condenado a muerte, en 1991, más de 90 presos han sido excarcelados de los “corredores de la muerte” de Estados Unidos tras demostrarse su inocencia. En todos esos casos, los acusados habían sido declarados culpables más allá de una duda razonable

Atlanta, 21 de septiembre de 2011 © Scott Langley

Hace algo más de dos años conocí el caso de Troy Davis. Estaba preparando materiales para la campaña contra la pena de muerte de Amnistía Internacional y había decenas de casos por los que nuestra organización trabajaba, pero una compañera de la organización en Estados Unidos me recomendó que me interesara por el caso de Troy. Me dijo que ningún caso ejemplificaba tan bien las razones por las cuales nadie merece ser condenado a muerte.

Empecé a leer, a buscar información, a “conocer” a esa persona de la que apenas tenía una fotografía en la que se ocultaba tímidamente tras unas gafas y cuyo nombre no dejaría de revolotear por mi cabeza durante los siguientes meses. Entonces supe que lo condenaron a muerte por el asesinato de un policía en 1991 y que llevaba 20 años en el corredor de la muerte. Nada nuevo bajo el sol, pensé… Pero según iba profundizando en el caso, cada dato, cada imagen, cada noticia, me acercaba un poco más a Troy. Y cada vez estaba más convencido de que Troy nunca sería ejecutado, que se trataba de un error y que se haría justicia.

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Mientras la necesaria “justicia, reparación y compensación a las víctimas” avanza a trompicones, AI denuncia la utilización oficial de imprecisas leyes sobre “ideología genocida” y “sectarismo” para suprimir la disidencia política

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Aung San Suu Kyi, Nobel de la Paz y ‘Embajadora de Conciencia’ de AI, simboliza la resistencia democrática a un régimen castrense que ahora se disfraza con una “parodia de elecciones”

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