Archivo para el mes de agosto 2011

La justicia española asume su competencia sobre crímenes contra el derecho internacional en otros países, pero se abstiene de investigar los cometidos en el propio. AI considera insólito juzgar a un magistrado por buscar la verdad, justicia y reparación para más de 100.000 'desaparecidos', víctimas de un delito imprescriptible

¿Dónde están los derechos de miles de víctimas de desaparición forzada?“, se preguntaba Amnistía Internacional ante el procesamiento por presunta prevaricación de Baltasar Garzón, “el único juez que ha intentado dar respuesta a víctimas y familias” de ese crimen contra el derecho internacional que no solo “es imprescriptible” y “no  amnistiable”, sino que “entorpecer su investigación es un delito”. La organización consideraba “insólito que un magistrado pueda ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación para más de 100.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista”.

Exhumación de una fosa a los pies de un árbol, en Villalba de Duero, en la <em>carretera del campo de aviación</em>. Se encontraron 7 cadáveres, uno de ellos de una persona menor de edad. Los trabajos fueron dirigidos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y por la Sociedad Aranzadi. (c) Iñaki Hernando 2010

Al rechazar la invocación de la Ley de Amnistía 46/1977 para justificar ese proceso sin precedentes –un auténtico ‘aviso’ disuasor a otros jueces en cualquier país–, AI recordaba que en el derecho internacional “los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción”, y que “el Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigarlos y poner fin a la impunidad” de sus responsables. Y subrayaba también la terrible paradoja de que “los tribunales españoles hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina”, sin aceptar la validez de leyes de amnistía o medidas de perdón, y en cambio “se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país”.

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Pat Bennetts, socia de AI-España, ha desafiado durante más de 35 años el cerco de intimidación y silencio para desvelar la verdad del 'buque tortura' chileno

Hemos venido para quedarnos. Anuncio producido por la agencia TBWA y AI Francia, con motivo del 44 aniversario de AI en 2005.

Manifestantes a las puertas de la Casa de los Comunes, celebran la decisión de los Lores de arrestar a Pinochet por crímenes contra la humanidad. Londres, 27 de marzo de 1999. (c) AP/PA Photo/Dave Thomson

“El historial de impunidad de Chile es asombroso”, se lamentaba Amnistía Internacional en enero de 1999, en plena ebullición judicial del ‘caso Pinochet’, detenido entonces en Londres ante una solicitud de extradición a España por presuntos crímenes contra la humanidad -bajo cargos de asesinato en masa, terrorismo y tortura- durante la dictadura militar chilena 1973-1990. La queja sigue encontrando motivos en este 2011.

Hace apenas dos meses, la directora adjunta del Programa para América de AI, Guadalupe Marengo, denunciaba públicamente que un juez “está haciendo una farsa de la justicia en el caso de Michael Woodward” al retirar los cargos contra 19 de los 29 ex agentes de la policía y la armada acusados formalmente de torturar y asesinar a ese sacerdote británico-chileno a los pocos días del golpe militar de 1973. Los otros diez procesados lo están siendo solo por secuestro, en vez de por crímenes de lesa humanidad.

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El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional hacen avanzar la justicia global, aunque persiste una importante brecha por el bloqueo de los países más poderosos y sus aliados

Miembros de AI Benin, Costa de Marfil, Senegal y Togo por una Corte Penal Internacional. (c) AI 1995

El avance de la justicia internacionalestá estrechando el cerco y dejando sin refugio a los responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El principio de jurisdicción universal que permite perseguir en un país las graves violaciones de derechos humanos cometidas en cualquier otro lugar, ha ido ganando terreno y, según datos de Amnistía Internacional, está asumido ya por más de 125 países. Y también ha llegado para quedarse la Corte Penal Internacional (CPI) de 2002, creada por el Estatuto de Roma de 1998 para investigar y juzgar esas gravísimas violaciones de los derechos humanos cuando las autoridades nacionales no puedan o no quieran hacerlo.

Niños soldados en la RDC (c) AI 2003

Por eso, y aunque persiste una importante brecha en esa justicia global por el bloqueo –denunciado por AI– de los países más poderosos, a la CPI se le acumula el trabajo cuando está a punto de finalizar su primer juicio. En el banquillo se sienta Thomas Lubanga, fundador y líder de la Unión de Patriotas Congoleños, bajo la acusación de reclutar a más de 30.000 niños-soldado durante 2002 y 2003 en la República Democrática del Congo (RDC). Tras varias demoras y algunas tensiones entre el tribunal y el fiscal Luis Moreno-Ocampo, el proceso iniciado en enero de 2009 ha visto declarar ya al último testigo de la defensa y tiene previsto escuchar las conclusiones finales los próximos 25 y 26 de agosto.

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La primera misión de AI en 1976 señaló el camino hacia la verdad y la justicia para los 30.000 desaparecidos de la dictadura, y la Corte Suprema lo despejó en 2005 al declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida

Argentina ‘78. Poster creado por AI Alemania con motivo de la celebración de la Copa del Mundo del Futbol del 78. Se puede leer: Futbol si - Tortura no. (c) AI Alemania

El 14 de junio de 2005 fue un día histórico para Argentina y para la causa de los derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de las leyes de Punto Final (LPF) y Obediencia Debida (LOD) aprobadas en 1986 y 1987 por el presidente Raúl Alfonsín, que pretendían institucionalizar la impunidad de las masivas violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad –incluidas ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones forzadas, torturas y tráfico de bebés– cometidos durante los gobiernos militares de 1976 a 1983. “La decisión abre el camino hacia la verdad y la justicia”, se felicitó Virginia Shoppee, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre ese país latinoamericano.

AI veía reconocidos así sus incesantes esfuerzos para que los responsables de aquellas atrocidades -las organizaciones de derechos humanos estiman el número de desaparecidos en torno a 30.000- rindieran cuentas ante los tribunales. Sus campañas contra la impunidad, que comenzaron ya en 1976 con una primera misión internacional a Argentina y su correspondiente informe, veían por fin la luz al final del túnel político-jurídico que durante años había oscurecido la búsqueda de la verdad y de la justicia. Porque no fue fácil llegar hasta ese momento histórico que venía a devolver a la ciudadanía la dignidad democrática robada y hecha trizas por la dictadura militar y sus crueles métodos.

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La campaña global contra la pobreza y exclusión que violan los derechos humanos, marca la quinta década de AI

La campaña Exige Dignidad en dos minutos (c) AI

Exige Dignidad”, lema de la campaña global lanzada por Amnistía Internacional en 2009, es toda una declaración de principios para su 50º aniversario. Y marca la quinta década de la organización, que amplía así sus competencias para incluir el derecho humano a no ser pobre y, por tanto, la necesidad de poner fin a la injusticia y la exclusión que atrapan a quienes las sufren en un círculo vicioso de privaciones y falta de autonomía personal y colectiva. Un círculo que se refleja con dramatismo en la mortalidad materna o  los asentamientos precarios, y que deja ver detrás del espejo la responsabilidad de muchas empresas o, en clave positiva, la necesidad de garantizar por ley ciertos derechos sociales.

Tal exigencia de dignidad humana serviría de saludo de bienvenida a Salil Shetty cuando asumió en 2010 la Secretaría General de AI en sustitución de Irene Khan. Un terreno abonado para él, que había dirigido desde 2003 la Campaña del Milenio de la ONU y que antes (1998-2003) fue director ejecutivo de ActionAid, ‘hermana mayor’ de la española Ayuda en Acción y una de las ONG para el desarrollo con más experiencia en la lucha contra la pobreza. Shetty recibía también un valioso legado, el compromiso creciente de la base de AI, cuyo número de simpatizantes, miembros y activistas superaría ya los 3 millones en 2011.

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