Un millón de firmas por la amnistía, y la ampliación de su lucha a los derechos económicos, sociales y culturales definen la tercera y cuarta décadas de AI

Al filo de su 40º aniversario, Amnistía Internacional decidió en 2001 ampliar su campo de acción a los derechos económicos, sociales y culturales, con lo que completaba la integración en su Estatuto de la defensa de todos los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de 1948. Era una especie de seña de identidad de la tercera y cuarta décadas (1981-2001) de la organización, que fue ampliando su ámbito de trabajo a la protección de las personas refugiadas (1985), la condena de las acciones de grupos armados que atenten contra el derecho internacional humanitario (1991) y una variada galería de preocupaciones (1999) como el impacto de las relaciones económicas en los derechos humanos, el empoderamiento de quienes los defienden, las campañas contra la impunidad o el fortalecimiento del activismo de base.

En un contexto de auténtico terremoto en el escenario político internacional por la caída de la Unión Soviética y la independencia de numerosos países del antiguo bloque del Este, la región de Europa central y oriental vio nacer a más de 40 Grupos de AI. Un eslabón más en el crecimiento de la organización, cuyos 250.000 simpatizantes, miembros y activistas en 151 países de 1981 casi se triplicaban (700.000) en 1990, año en el que los Grupos de voluntarios superaban los 6.000 en 70 países.

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Las dos primeras décadas de AI, marcadas por la expansión (250.000 seguidores en 151 países), nuevas formas de lucha y el Nobel de la Paz

Dos décadas después del artículo de Peter Benenson sobre “Los presos olvidados” que lanzaría la campaña “Llamamiento por la Amnistía 1961” y sería la génesis de Amnistía Internacional, la organización de derechos humanos superaba ya las 250.000 personas activistas en 151 países. Todo un éxito de movilización ciudadana por una causa justa, cuyos logros concretos en la lucha contra la pena de muerte y la tortura y a favor de los presos y presas de conciencia, tendrían su máximo reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz de 1977 por “afianzar el terreno para la libertad, para la justicia y, con ello, también para la paz en el mundo”.

Carta de Nelson Mandela agradeciendo a Louis Blom-Cooper, investigador de AI, su presencia en el juicio en 1962. (c) particular

Desde que en Londres se encendió por primera vez la emblemática vela de AI que simboliza la esperanza de iluminar los oscuros lugares donde se abusa con impunidad contra los derechos humanos, aquel movimiento iba a implicar a cada vez más personas trabajando juntas para ayudar a otras personas en peligro. Traduciendo en acción el inspirador proverbio de que “es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad”, el pequeño grupo de voluntarios encabezado por el propio Benenson se iría multiplicando por todo el mundo. El primer impulso sirvió para crear 14 Secciones nacionales en apenas dos años; en 1980 eran ya 39, con 2.200 grupos de activistas organizados.

Carátula del informe sobre Condiciones Penitenciarias en Rumania, 1965. (c) AI

Carátula del informe sobre Condiciones Penitenciarias en Portugal, 1965. (c) AI

Carátula del informe sobre Condiciones Penitenciarias en Sudáfrica, 1995. (c) AI

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Guantánamo, telón de fondo de la campaña de AI "Seguridad con Derechos Humanos", que rechaza detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas y exige rendir cuentas por esos abusos.

La llamada “guerra contra el terror” está siendo terrorífica para los derechos humanos. La respuesta del Gobierno de Estados Unidos a los atentados del 11 de septiembre de 2001, simbolizada en la ocupación militar de Afganistán y en las ‘jaulas carcelarias’ de la base de Guantánamo, ha dado lugar a una inagotable galería de abusos y violaciones del derecho internacional. Con la doble excusa de la lucha contra el terrorismo y la amenaza a la seguridad nacional –y muchas veces con la complicidad de sus aliados en Europa y otras partes del mundo–, Washington y sus fuerzas militares y de inteligencia han llevado a cabo detenciones ilegales y desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos, traslados de presos a otros países y retenciones en cárceles secretas.

En estos casi diez años, protesta Amnistía Internacional, dirigentes de todo el mundo han actuado “por encima del derecho internacional” y “como si en la lucha contra el terrorismo valiese todo”. Pero no, no vale todo, advierte la organización, que ha lanzado la campaña “Seguridad con Derechos Humanos” para recordar a los Estados que deben respetarlos siempre; que la defensa de su seguridad nacional jamás justifica detenciones ilegales, torturas o desapariciones forzadas; y que deben rendir cuentas cuando cometen tales abusos. Los derechos de las personas privadas de libertad -a conocer los motivos, a tener defensa jurídica, a recurrir su detención, a no ser recluidas en lugares secretos y a que su familia sepa su paradero- no se pueden anular arbitrariamente: son garantías reconocidas por ley.

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No sé cómo serían antes de que el ejército de Colombia asesinase a sus hijos. Cuando yo las conocí, el pasado mes de noviembre, Luz Marina Bernal y María Ubilerma Sanabria eran mujeres valientes, fuertes, con un objetivo único: conseguir justicia para sus hijos.

Muy a su pesar, Luz Marina y María se han convertido en lideresas del grupo de las madres de Soacha, el término colectivo que se utiliza para referirse a las madres y otros familiares de los 17 jóvenes de Soacha, un municipio marginal cercano a Bogotá, que fueron ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad colombianas en 2008.

Luz Marina y María, en Madrid en noviembre de 2010, con una foto de sus hijos (c) AI

Todos estos chicos pertenecían a familias sin recursos, fueron atraidos hacia el norte del país con falsas promesas de trabajo y, una vez ejecutados, el ejército los presentó como guerrilleros muertos en combate. Después se les conocería como ‘falsos positivos’.

La mayoría de las veces, los soldados recibieron dinero, días de permiso y una carta de felicitación de sus superiores como recompensa por haber “matado a un miembro de la guerrilla”.

Sus familias tuvieron que recorrer durante días, semanas y meses hospitales, clínicas, comisarías… sin saber dónde estaban sus hijos, hasta que poco a poco les fueron llamando para que reconociesen las fotos de unos cadáveres hallados en fosas comunes en Ocaña, a 14 horas de Soacha.

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