Archivo para el mes de junio 2011

Cuando el Diccionario de la Lengua Española define lapidar como “matar a pedradas, género de suplicio usado antiguamente”, se olvida de Irán. Allí todavía persiste ese método de pena de muerte, preceptiva penalmente en caso de adulterio. Amnistía Internacional la considera “una práctica particularmente atroz” y, tras recordar su oposición a la pena capital “en cualquier circunstancia”, remarca que es un “método de ejecución diseñado específicamente para aumentar el sufrimiento de las víctimas”, abocadas a “un gran dolor y una muerte lenta”. Según la legislación de la República Islámica de Irán, “las piedras utilizadas no deben ser tan grandes como para matar a la persona de una o dos pedradas, ni tan pequeñas que no puedan calificarse de piedras”.

Acto organizado por AI Suiza el 3 de noviembre de 2010. © AI

Ni una moratoria judicial en 2002 ni una suspensión en 2008 han bastado para acabar con ese tipo de ejecuciones. Se sabe de siete personas lapidadas desde aquella primera fecha, y tal amenaza pende sobre una decena más. Incluida Sakineh Mohamaddi Ashtiani, cuyo caso deja en evidencia al sistema de justicia iraní y se ha convertido en un símbolo en la lucha contra la lapidación y contra toda pena de muerte. Una primera campaña de Actúa con Amnistía recogió entre julio y septiembre de 2010 más de 300.000 firmas para impedir su lapidación. Y después de que esta fuera suspendida para revisar el caso, ya van más de 100.000 en una segunda iniciativa para que se le anule la pena capital y “no sea ejecutada mediante ningún método”.

AI ha denunciado que el sistema de justicia iraní “adolece de muchos defectos y ha fallado a Sakineh Mohammadi Ashtiani desde el principio”. Detenida en 2005 tras el asesinato de su esposo Ebrahim Ghaderzadeh, fue condenada a 10 años de cárcel por “participación” en el crimen; según su abogado, el Tribunal Supremo sustituyó en 2009 ese veredicto por el de “complicidad” y rebajó la pena a cinco años. A raíz de las investigaciones, en 2006 fue condenada también a 99 latigazos por “relación ilícita” con dos hombres. Y meses después, acusada de adulterio, la pena fue de muerte por lapidación. Aunque dos de los cinco jueces del tribunal la declararon inocente por falta de pruebas concluyentes, la mayoría impuso la culpabilidad en base al “conocimiento del juez”, un principio legal que concede amplia discrecionalidad a los magistrados.

» Seguir leyendo

AI ha conseguido que la abolición de la pena capital sea ya un hecho en el 70% de los países del mundo.

© Amnesty International 2010

Amnistía Internacional está ganando poco a poco la batalla contra la pena capital, que ya ha sido abolida legalmente o de hecho en el 70% de los países del mundo. Pero el 30% que se resiste a dar ese paso exige perseverar en la lucha contra esa lacra que, en palabras del Director General de Investigación y Programas Regionales de AI, Claudio Cordone, “atenta contra la dignidad humana y debería quedar sepultada en la historia del mismo modo que la esclavitud, el apartheid y otras cosas abominables”. Frente a las justificaciones de sus partidarios, ningún estudio ha podido demostrar jamás que tiene más poder disuasorio frente al crimen que otros castigos.

De los 139 países abolicionistas, 104 lo recogen en sus leyes (95 para todos los delitos y 9 solo para delitos comunes) y 35 lo asumen en la práctica. Otros 58, entre los que destacan negativamente China, Irán y Estados Unidos, mantienen la máxima pena en su legislación. En España está abolida desde 1995, cuando una Ley Orgánica la prohibió incluso en tiempo de guerra. Fue la culminación de una gran campaña de Amnistía Internacional que fue ‘escalando’ desde los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos hasta ‘convencer’ al Congreso y al Senado. Pero AI insiste en la necesidad de cerrar el resquicio constitucional del artículo 15, que la abolía “salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”, y aboga por eliminar esa mención o prohibir expresamente en la Carta Magna su aplicación.

» Seguir leyendo

El arquitecto británico David Mackay, radicado en Barcelona desde hace medio siglo, rememora los momentos clave del nacimiento y primeros pasos de la Sección Española.

David Mackay, arquitecto británico radicado en Barcelona desde hace medio siglo y conocido por participar en el diseño de la Villa y el Puerto Olímpicos en 1992, vivió en primera persona los inicios de Amnistía Internacional en España, en cuyo nacimiento compartió protagonismo con otras personas comprometidas en la defensa de los derechos humanos como Silvia Escobar, Maria Lluïsa Borràs o Manuel Casanoves, que sería el primer presidente de la Sección Española.

Mackay cuenta que se asoció a AI y empezó a escribir cartas de apoyo a presos de conciencia “poco después de que los coroneles griegos derrocaran el 21 de abril de 1967 al Gobierno legítimo e iniciaran una represión implacable de los opositores”. Eso le permitió ampliar su conocimiento y sensibilidad ante los abusos de derechos humanos en todo el mundo y, lo más importante, le confirmó que “incluso un solo individuo podía hacer algo, por pequeño que pudiera parecer”, cuando ese esfuerzo se sumaba al de muchas otras personas.

Había conseguido la dirección del Secretariado Internacional en Londres gracias a su cuñado, un sacerdote que ya estaba en contacto con AI a través de una organización católica de jóvenes trabajadores. Y a partir de ahí pudo encontrarse con socios del Reino Unido y Suecia que acudían a Barcelona para interceder ante las autoridades en defensa de presos políticos españoles. “Eso me llevó también a mantener un contacto permanente con la BBC y el resto de la prensa londinense”, recuerda.

» Seguir leyendo

El artículo de Peter Benenson sobre "Los prisioneros olvidados" sirvió de prólogo en 1961 al nacimiento de Amnistía Internacional.

Voces por la libertad
Documental de 22 minutos sobre la creación de AI, su fundador Peter Benenson y sus primeros años. © Amnesty International

El medio siglo de historia de Amnistía Internacional arranca el 28 de mayo de 1961, cuando el periódico dominical británico “The Observer” reserva su portada para el artículo “Los prisioneros olvidados” que firma Peter Benenson. La idea de este abogado londinense es lanzar una campaña mundial, “Llamamiento por la Amnistía 1961″, para exigir la liberación –o al menos un proceso justo– de miles y miles de personas encarceladas sin juicio, torturadas o amenazadas de ejecución porque sus opiniones políticas o su religión molestan al Gobierno de su país.

» Seguir leyendo

El Ministerio bloqueó tres campañas de publicidad de AI por no considerarlos “de servicio público”.

De tiempo en tiempo, los derechos humanos no le parecen un asunto de interés general al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITC), que en los últimos años ha bloqueado tres campañas de publicidad de Amnistía Internacional para sensibilizar a la población sobre esa cuestión. La capacidad ministerial de etiquetar “de servicio público o carácter benéfico” un anuncio televisivo es decisiva para su emisión gratuita en las cadenas nacionales y autonómicas, y tal posibilidad es clave para AI, que se esfuerza por garantizar su imparcialidad y libertad de acción al financiarse casi exclusivamente con las aportaciones de sus socios y donantes y sin aceptar subvenciones de Gobiernos nacionales ni donaciones de partidos políticos para su trabajo de investigación y campañas.

Para las cadenas de televisión, la importancia de la citada certificación del MITC radica en que el anuncio no cuenta como publicidad comercial a la hora de calcular el tiempo máximo permitido para ese capítulo. De ahí la referencia técnica de “exención de cómputo”, que aunque solo puede concederse tras la emisión gratuita del anuncio, en la práctica suele anticiparse, ya que las cadenas prefieren tenerla garantizada para no ‘perder’ parte de su tiempo publicitario. De hecho, cuando Industria bloqueó en 2008 el anuncio de la campaña “Si nadie dice nada es como si no existiera”, con el que AI celebraba su 30º aniversario en España, hasta doce cadenas –tres nacionales, seis autonómicas y tres canales de pago– se negaron a emitirlo por carecer del certificado ministerial de exención de cómputo.


 

El MITC acabaría rectificando en septiembre de 2009, casi año y medio después de su primera negativa a la solicitud de Amnistía Internacional, cuyos sucesivos recursos y precisiones permitieron aclarar ciertos ‘despistes’ conceptuales de Industria en materia de derechos humanos. “Si nadie dice nada es como si no existiera” tiene como protagonistas a un egipcio torturado por defender a un familiar agredido por policías y a un preso de conciencia de Zimbabue torturado bajo custodia policial, y AI subraya el mensaje de que “el poder de la gente, a través de la denuncia pública, es la única esperanza de que se haga justicia para quienes están detenidos injustamente”. 

» Seguir leyendo