Las rebeliones del Norte de África y Oriente Próximo confirman la urgencia de prohibir la venta de armas y municiones que puedan usarse contra civiles o para violar los derechos humanos.
Cuando por fin se vislumbra para 2012 un Tratado internacional sobre el Comercio de Armas, la realidad cotidiana de los conflictos a lo largo y ancho del mundo confirma lo pedregoso del camino. Basta recordar las recientes denuncias de Amnistía Internacional sobre el uso de bombas de racimo españolas por las tropas del dirigente libio Muamar Gadafi, que desvelan en toda su crudeza la peligrosa ‘herencia’ que deja cada venta de armamento, de material de defensa y ‘de doble uso’, de municiones. Un mercado que mueve al año 640 millones de armas y 12.000 millones de balas -dos por cada habitante del planera- y que alimenta la sangrienta estadística de mil muertos al día -casi uno por minuto- por armas de fuego.
Oficialmente, España estaba en primera fila de la lucha contra el citado tipo de artefactos al haberse adelantado, con una moratoria unilateral en julio de 2008, a la firma (diciembre de ese año) y la entrada en vigor (agosto de 2010) de la Convención que las prohíbe. En marzo de 2009 fue el primer país en destruir su propio arsenal de bombas de racimo, que se distinguen por una mortífera seña de identidad: dispersan en una amplia zona sus potentes municiones, cuya falta de precisión las hace aún más peligrosas para la población civil. España ya no las tiene ni las exporta, pero allí quedaron, en los arsenales del régimen libio. Y la única arma que no se utiliza es la que no se tiene.
Por eso Amnistía Internacional lleva años empeñada junto a otras organizaciones no gubernamentales en conseguir un Tratado sobre Comercio de Armas que impida su venta cuando exista riesgo de que sean usadas para violar los derechos humanos o las normas humanitarias internacionales. La campaña, bautizada como ‘Armas Bajo Control‘, reúne desde octubre de 2003 a AI, Oxfam y la Red de Acción Internacional contra las Armas Ligeras (IANSA en inglés), coalición que varía ligeramente en el caso español al integrar a Amnistía, Intermón Oxfam, Greenpeace y la Fundació per la Pau. Las tres primeras organizaciones habían protagonizado ya a principios de los años 90 una primera campaña, ‘Hay secretos que matan’, con el mismo objetivo, a la que siguió otra, ‘Adiós a las armas’, por el control de las armas ligeras.

